Buenos Aires, 22 de noviembre. Algunos niños robados por los militares de la pasada dictadura y ahora jóvenes recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo a los que se restituyó su identidad, aún deben circular con los documentos donde figuran como hijos de sus apropiadores, y no pueden salir del país por esa causa o casarse bajo su verdadero nombre, debido a un sistema lento de justicia y a burocracias.

?Esta demora es una tragedia en sus vidas”, sostienen las Abuelas de Plaza de Mayo ante la disposición del Código Penal, donde se establece que los papeles oficiales con la nueva identidad pueden obtenerse después de un juicio oral que puede tardar años.

Ante esta situación, se ha recurrido a anular directamente la partida de nacimiento siempre que no haya oposición de las partes y esto último deja puertas abiertas a la injusticia, dicen las Abuelas.

Los afectados por ejemplo no se pueden casar. Tampoco votar ni salir del país. Si un policía los para en la calle, deben dar el nombre falso que aún figura en sus documentos, la marca de su apropiación. Para los jóvenes que recuperaron su identidad robada por el terrorismo de Estado, la odisea administrativa para lograr su nuevo DNI (carnet de identidad) es mucho más que un trámite, es la última barrera en el camino a la verdad, señaló el diario Crítica en estos días .

Gabriel Matía Cevasco, un nieto recuperado por las abuelas hace nueve años, sostiene que cada vez que alguien me pedía un documento para hacer una compra con tarjeta, votar o cuando un profesor tomaba asistencia, sentía que la herida volvía a abrirse.

Un juez duro se negó a renovarle el documento. Cevasco fue el primero en ir valientemente a declarar en el juicio por el robo sistemático de bebés durante la última dictadura y debió hacerlo con el nombre falso porque la misma justicia no le dio autorización para cambiar su documento.

?Parece un relato de Franz Kafka, es uno de los temas pendientes más dolorosos y donde se advierte las injusticias de burocracia, viejas leyes, congresistas lentos”, señalan las Abuelas.

Otro caso es el de Alejandro Pedro Sandoval Fontana quien hace tres años recuperó su identidad, pero su documento lleva el nombre de su apropiador Víctor Rei, quien como una forma de venganza apeló la sentencia, a pesar de todas las pruebas que determinaron fehacientemente que era hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval, ambos desaparecidos.

Rei está detenido, pero en mi persona y en la justicia sigue demostrando que tiene el poder. Yo no puedo cruzar la frontera porque hay una orden que le impide a Alejandro Adrián Rei salir del país. Soy prisionero de Rei. Al apelar me dejó preso también a mí, que soy la víctima, dijo el joven. El gobierno creó una oficina en la Secretaría de Derechos humanos para tratar de resolver este grave tema de documentación.

En los pasillos de la justicia, todos saben que la Cámara de Casación es una máquina para poner obstáculos en varios casos para que avance la justicia.

Esos magistrados nada hicieron ante la presentación del joven Sandoval Fontana. Si tengo un hijo debería ponerle el apellido de la madre. El Estado te prohíbe portar documentos falsos y yo todos los días cometo un delito por culpa del Estado. Es una contradicción absoluta, dice dramáticamente Sandoval.

En estos días la Cámara Nacional de Casación Penal también negó que el estaqueamiento y torturas a soldados durante la guerra por la recuperación de las islas Malvinas, en 1982, constituya un delito de lesa humanidad, por lo que consideró que la acción penal está prescrita.

Así revocó la resolución de la Cámara de Comodoro Rivadavia contra el subteniente Jorge Taranto y el capitán Daniel Delfor Polano, a quienes se les atribuyó el estaqueamiento de soldados a la intemperie bajo la nieve durante largas horas, sin abrigo ni zapatos; el enterramiento de pie en pozos que las mismas víctimas debían cavar; golpizas y la deliberada falta de provisión alimentos, que llevaron hasta la muerte a las víctimas.

Las organizaciones humanitarias reclamaron de inmediato ante esta resolución, y ya se preparan nuevas medidas judiciales para apelar esta injusticia.

Por otra parte, las Abuelas festejan la aprobación por el Senado de la ley de extracción de ADN por métodos alternativos. Jamás figura la palabra compulsiva, porque se trata de métodos alternativos a la extracción de sangre ante la negativa de la víctima, señaló Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, quien aún sigue buscando a su nieto Guido.