Posturas divergentes tuvieron organizaciones campesinas sobre el presupuesto de 268 mil 725.8 millones de pesos aprobados para el sector agropecuario por medio del Programa Especial Concurrente. Mientras unas exigieron una reforma en la política agroalimentaria y rural, otras se pronunciaron por la unidad campesina para vigilar la aplicación de los recursos. Algunas más demandaron cambios en las reglas de operación.

Las agrupaciones del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas se pronunciaron por un cambio urgente en la política agropecuaria, pues en los tres lustros anteriores se ha demostrado que 80 por ciento de los recursos está destinado a los agricultores más ricos del país.

Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), expuso que en esta ocasión se otorgaron recursos sin precedente a los gobiernos de los estados, pero no se vigilará cómo los aplicarán; lo que logró la Confederación Nacional Campesina (CNC) fue respaldar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sostener las campañas políticas del año próximo, dijo.

Descartó que con la unidad campesina se logre un cambio radical, pues no hay compromisos reales, se trata sólo de un cliché. La CNC se había comprometido, junto con diversas organizaciones rurales, a luchar en contra de la siembra de maíz transgénico y ahora, por medio de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, respalda a Monsanto.

Con los viejos discursos de unidad y con posturas inmediatistas no se lograrán los cambios requeridos por la mayoría de los campesinos, dijo en entrevista.

Víctor Quintana, del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCh), consideró que los cambios se alcanzarán con una unidad similar a la lograda en 2003, cuando se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo. Si bien se logró un alto presupuesto para el sector, no hay unanimidad en su definición, pues el Ejecutivo demanda aumentos para los programas sociales, los funcionarios de desarrollo rural buscan sus objetivos particulares, entre ellos los electorales, y las organizaciones apuestan a tener recursos inmediatos, sin una clara orientación.

Por una postura unitaria

Sostuvo que el FDCh iniciará en los próximos días un acercamiento con dirigentes de organizaciones regionales y nacionales para promover una postura unitaria en torno a la aplicación y vigilancia del presupuesto, y de los cambios para el sector con miras a 2012. Hay que superar la inmediatez.

Los diputados del sector agrario del PRI y del PRD José Narro Céspedes y Federico Ovalle Vaquera –también dirigentes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, respectivamente– recordaron que se acordó modificar un artículo transitorio para modificar el Programa Especial Concurrente a fin de que se autorizara el presupuesto de 268 mil 725.8 millones de pesos, pues se habían restado 15 mil 300 millones.

Puntualizaron que por errores en la conformación final y publicados en la Gaceta Parlamentaria se habían restado 5 mil 500 millones de pesos al Programa de Activos Productivos; quitaron 7 mil 500 millones de pesos a los apoyos a la comercialización y al de compras de insumos; no se incluyeron los mil millones de pesos de apoyo especial al fomento a la infraestructura hidroagrícola; no se consideró una partida de mil millones de pesos para atender a la población indígena para el combate a la pobreza, y se restaron 300 millones de pesos al programa especial para la soberanía alimentaria.

Federico Ovalle Vaquera expuso que en esta ocasión la Cámara de Diputados entregará su opinión sobre las reglas de operación en el transcurso de esta semana, antes de que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación, para que la aplicación de los recursos se haga con eficacia, eficiencia, honradez y transparencia.

Hizo un llamado a las organizaciones sociales rurales para que, en coordinación con académicos, legisladores federales y locales y representantes de organizaciones no gubernamentales definan unitariamente una estrategia para realizar los cambios requeridos por el campo, que a la agenda de seguridad pública se incorpore el tema de la seguridad alimentaria y se dé al campo el carácter de prioritario.