Con la finalidad de adecuar la estructura de su Servicio Profesional Electoral (SPE), modernizar su operación y corregir deficiencias en su esquema de organización, el Instituto Federal Electoral (IFE) prepara una reforma al estatuto que rige a los 2 mil 255 funcionarios que lo conforman.

La Comisión de Capacitación y Educación Cívica del IFE ha hecho circular entre los partidos políticos un documento de trabajo en el que se advierte de la necesidad de esta readecuación para hacer frente con mayor eficiencia a las 53 nuevas tareas que asumió el instituto desde que se aprobó la reforma electoral de 2007-2008.

Mediante esa reforma al estatuto se pretende modificar los cinco rubros centrales que rigen al SPE: ingreso, formación, evaluación del desempeño, promociones e incentivos, y sanciones. La estructura de dicho servicio opera, en 90 por ciento, en los órganos desconcentrados del organismo –2 mil 62 funcionarios–, es decir, en las 32 juntas locales y las 300 distritales, que significa alrededor de 15 por ciento del total de trabajadores del IFE.

En el diagnóstico que tiene el organismo sobre esta estructura, destaca que el promedio de edad del personal del SPE es de 46 años. Y está integrado en 80 por ciento por hombres; sólo cuenta con alrededor de 450 mujeres.

El documento señala que el SPE tiene una antigüedad de 17 años, a lo largo de los cuales ha tenido dos reformas, en 1992 y en 1999, por lo que ahora se requiere otra de tercera generación para consolidar el SPE.

Conforme al documento de trabajo, hay tareas centrales que se han añadido a las funciones del IFE, entre ellas: el nuevo modelo de comunicación política; la atención de quejas mediante el esquema del procedimiento sancionador ordinario y especial; la fiscalización del financiamiento público de los partidos; la Unidad de Fiscalización con nueva autonomía de gestión, y otras obligaciones de transparencia de los partidos, entre otras.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que aunque el proceso de reclutamiento e ingreso al SPE goza de garantías de transparencia y equidad, necesita de reglas que le otorguen fluidez y mayor operatividad. La formación de funcionarios de carrera requiere, a su vez, un mecanismo que propicie la actualización constante de los contenidos y métodos pedagógicos en la impartición de las materias éticas, jurídicas, administrativas y técnicas.

De igual forma, se pretende que la reforma al estatuto permita mejorar los esquemas de evaluación del SPE a fin de que reflejen claramente los niveles de desempeño de cada uno de los funcionarios que lo integran. Al mismo tiempo, el esquema de promociones e incentivos del personal debe estar adecuado al nuevo contexto y problemática de operación del Servicio Profesional Electoral, para diversificarlo y favorecer el esfuerzo constante de sus integrantes.

A partir de estas metas, el documento sugiere que es necesario modificar algunos rubros, entre ellos: transitar de un patrón rígido en algunos de sus procedimientos a uno flexible; de un modelo basado estrictamente en los conocimientos de las personas (currícula) a otro basado en las competencias y en la experiencia; de uno que cumple exclusivamente con las normas a otro basado en la creación del valor; de un modelo sustentado en datos y números a otro pensado en las personas.

Por ello se propone flexibilizar el reclutamiento y selección de personal, rediseñando el perfil de los puestos. Paralelamente se pretende crear una motivación al personal, orientada a alcanzar nuevas metas institucionales y personales.

Asimismo, se buscarán cambios en los términos de las jornadas de trabajo del personal para evitar los tiempos muertos y se sugiere una flexibilización salarial, de tal manera que los salarios de los funcionarios estén asociados a su aprendizaje y rendimiento.

Las reformas al estatuto implicarían también la posibilidad de que la organización del SPE favoreciera la utilización intensiva de nuevas tecnologías de la información y comunicación en todos sus procesos.