n las poco más de seis semanas transcurridas desde el asalto policiaco ordenado por el gobierno federal a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la posterior extinción de ese organismo descentralizado por medio de un decreto presidencial, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha desarrollado, con el respaldo de distintos sectores de la sociedad organizada –movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, izquierdas partidistas, sindicatos independientes e incontables ciudadanos aislados– una intensa campaña de resistencia gremial que, lejos de evidenciar indicios de debilitamiento, tiende a profundizarse.
A las masivas concentraciones que tuvieron lugar en esta capital los pasados 16 de octubre y 11 de noviembre –esta última como colofón del paro cívico nacional que se desarrolló ese mismo día en distintas entidades del país– se suman ahora las huelgas de hambre que 11 mujeres electricistas iniciaron el lunes a las afueras del edificio de la Comisión Federal de Electricidad, así como las que, desde ese mismo día, se llevan a cabo en Pachuca, Hidalgo, y en Toluca, estado de México. Por añadidura, varios cientos de sindicalistas cercaron ayer el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que llevó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados a sellar los accesos del inmueble y a pedir el resguardo de la Policía Federal.
Los hechos que se comentan ponen en relieve el fracaso de la apuesta de la administración calderonista por acabar de tajo con el SME; por el contrario, sus agremiados han mantenido la cohesión organizativa y la voluntad de lucha para recuperar su fuente de trabajo, a pesar de las presiones ejercidas por el gobierno federal para que se sometan a un proceso de liquidación que es considerado por múltiples voces injustificado y hasta ilegal –así lo califican diversos jurisconsultos– y a contrapelo de las campañas de hostigamiento y de linchamiento mediático emprendidas por la alianza político-empresarial que detenta el poder en el país.
Hasta ahora, el empeño de la actual administración por desaparecer a LFC, y dejar de paso a más de 40 mil familias sin fuente de sustento, no sólo no ha tenido el respaldo social deseado por el gobierno federal –como demuestra la masiva asistencia popular a los actos referidos–, sino ha logrado que las distintas oposiciones políticas, sindicales y sociales del país encuentren un punto de convergencia y de unidad en el rechazo a la ofensiva del calderonismo contra los trabajadores y la propiedad pública.
En la circunstancia presente, ante la evidencia de un conflicto que, contra los cálculos y pronósticos del grupo gobernante, va de menos a más, es claro lo costoso que está resultando para el país la decisión tomada por el gobierno federal hace mes y medio: en todo este tiempo se ha profundizado la fractura política existente a escala nacional desde hace por lo menos tres años, se han acentuado los efectos de la crisis económica aún vigente –tanto por el incremento súbito en el número de desempleados como por las afectaciones derivadas de las interrupciones en el servicio eléctrico–, se han extendido las penurias y la zozobra en la población, y se ha abonado, en suma, al desarrollo de un nuevo foco de tensión y desasosiego nacional.
Ante las circunstancias referidas, es necesario que el gobierno federal exhiba prudencia, sensatez y visión de Estado al buscar una salida al conflicto creado por él mismo y que resulta a todas luces riesgoso para la estabilidad del país.
