Guanajuato, Gto., 24 de noviembre. Este año ha sido el peor para las mujeres de Guanajuato, pues se han cometido 37 feminicidios y el Congreso local aprobó la ley antiaborto, que agudiza la violencia institucional, acusó Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres.

Anunció que organizaciones sociales intentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de amicus curiae para denunciar las afectaciones que sufren las mujeres por la penalización del aborto.

Estamos documentando las afectaciones que causa la reforma constitucional. Vamos a presentar (los casos de) dos mujeres víctimas de violación a quienes les negaron el aborto legal, mujeres que se han suicidado por embarazos forzados y de mujeres encarceladas por abortar, pero sentenciadas por homicidio, detalló.

Agregó que en marzo Norma Vargas Puente solicitó apoyo al Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para separarse de su marido porque la golpeaba y la institución buscó que se reconciliaran. La semana pasada la mujer fue asesinada de 10 puñaladas por su esposo, Daniel Calero.

Cruz Sánchez comentó que Marta Martínez Castro, presidenta del DIF estatal, y Luz María Ramírez Villalpando, directora del Instituto de las Mujeres del estado, han manifestado que es preferible que las mujeres vivan violencia a que se desintegre una familia.

Agregó que en los cinco años recientes han sido asesinadas en Guanajuato más de 150 mujeres a manos de sus parejas o de algún conocido.

La activista consideró que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, además de los ayuntamientos, son “cómplices de los feminicidios” al no brindar toda la protección del Estado a las mujeres que son golpeadas por sus parejas.

En el contexto del Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los poderes de la entidad y los ayuntamientos deben reconocer este fenómeno y enfrentarlo al margen de sus creencias morales, exigió.