San Cristóbal de las Casas, Chis., 24 de noviembre. Horas después de su excarcelación, el líder de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), José Manuel Chema Hernández Martínez, dijo ante decenas de sus compañeros que durante casi dos meses se manifestaron para liberarlo, que los labriegos no son carne de cañón y que la represión y compra de líderes no resuelven las demandas de tierra y justicia.

Luego de recibirlo frente a la Catedral de la Paz de esta ciudad, entre cohetones y algarabía, muchos de sus oyentes lloraron al recordar la lucha por tierras que en tres décadas ha costado la vida a unos 40 compañeros y los ha enfrentado a la represión policiaca y militar.

El dirigente salió de su vivienda en el municipio de Venustiano Carranza –adonde lo trasladaron funcionarios estatales– y viajó a San Cristóbal para reunirse con sus compañeros instalados en plantón y quienes ocuparon las oficinas locales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para lograr su libertad y la de dos campesinos más.

Chema estaba preso en Tepic, Nayarit, y sus compañeros José Manuel de la Torre y Roselio de la Cruz, en el penal chiapaneco de Cintalapa. Ya libres los tres, los llevaron ante el gobernador Juan Sabines Guerrero, quien les pidió reanudar las negociaciones y ofreció que no se cumplimentarán más órdenes de aprehensión. Ellos accedieron, pero le aclararon que mantendrán sus demandas de tierra e indemnización a las familias de dos campesinos muertos durante uno de los operativos de aprehensión.

En entrevista, Chema expresó que grupos de poder dentro del gobierno chiapaneco buscan una represión masiva y planeaban aniquilar a la OCEZ. Respecto a la toma de las oficinas de la ONU, dijo no saber cuándo concluirá, pues aún debe analizarse con los todos los integrantes de la organización, pero la sede internacional dio a conocer que los ocupantes aceptaron acudir este jueves a una mesa de distensión.

Antes de visitar en el hospital regional de San Cristóbal a José Santos Aguilar, quien resultó lesionado durante la detención del dirigente, éste precisó que el gobierno estatal aceptó pagar la fianza de los tres presos y se desistió de la acción penal por asociación delictuosa.

Mientras, en Tuxtla Gutiérrez indígenas tzotziles de los municipios de Chenalhó, Rayón y Chalchihuitán demandaron la libertad de ocho campesinos presos en San Cristóbal, quienes iniciaron una huelga de hambre el 16 de noviembre, reportó Notimex.