El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, afirmó que el veto de los diputados a su relección al frente de la auditoría carece de sustento jurídico.

“Ellos pueden opinar lo que quieran; yo tengo mi propia interpretación y tengo la opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de muy destacados y prestigiados constitucionalistas a mi favor. Afortunadamente este país es libre”, sostuvo.

En entrevista dejó abierta la posibilidad de poder interponer un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Poder Legislativo.

Todo es posible en la actual coyuntura, afirmó tras subrayar que con la asesoría de juristas analiza la decisión que tomará. Hay cuestiones institucionales y personales que se tienen que poner en la balanza, dijo.

Antes, durante la presentación del libro Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad, González de Aragón sostuvo que los partidos políticos se han convertido en mafias que utilizan al país como botín para repartirse el patrimonio público.

A dichos institutos políticos los acusó de caer en el trapecismo y el trasvestismo, porque se quitan una camiseta y con todo el cinismo se enfundan otra.

En México, dijo, la visión de los institutos políticos es francamente aldeana porque no entienden que se deben a la sociedad.

Advirtió que la ASF no trabaja por consigna, no tiene colores partidistas ni expide cheques en blanco a favor de nadie. Su compromiso, subrayó, es con México, le pese a quien le pese.

En su oportunidad, Juan Pablo Guerrero Amparán, ex comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información, manifestó que el sistema de control y fiscalización de la Secretaría de la Función Pública (SFP) hace que justos paguen por pecadores.

Dicho sistema, agregó, se caracteriza por una excesiva regulación de la actuación y el ejercicio del gasto público, además de ser burocrático y no combatir la corrupción.

Reconoció que los casos de cohecho y fraude se siguen presentando en los procesos de licitación, en la venta de plazas, en la venta de información privilegiada y otras irregularidades. Sobre ellas la SFP no procede adecuadamente por estar subordinada políticamente al Ejecutivo federal; en una palabra, es juez y parte en el combate a la corrupción.

Por su lado, la coordinadora del libro presentado, Irma Eréndira Sandoval, afirmó que la actual es una coyuntura política de oro para enfrentar y corrupción. Sin embargo, es necesario que los diputados escuchen las diferentes propuestas que académicos, investigadores y actores políticos han planteado para redefinir el futuro de la ASF.

También se manifestó porque se modifique el diseño de la SFP, porque no sirve para combatir la corrupción: se estima que 48 por ciento de las investigaciones concluidas se quedan en negligencias administrativas y descuidos, mientras sólo 1.5 por ciento resulta en cargos por extorsión.