El titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que está en contra del aborto, práctica que debiera ser proscrita.

El responsable de la política interna del país, quien a la vez es presidente del Consejo Nacional de Población (Conapo), sustentó su postura privada al relatar que su hija fue producto de una fecundación in vitro.

La primera foto que tengo de María José es cuando era una pequeña célula. Entonces, no creo que el debate se pueda zanjar sobre que hay vida o no en los primeros 30, 60 o 90 días del embarazo, porque a mí me consta, tengo prueba fehaciente, personal e íntima de que la vida comienza desde el momento de la concepción y se acaba desarrollando en una persona humana (sic) totalmente amable, protegible, perdurable y entrañable, como puede ser mi hija para mí, expresó en entrevista radiofónica.

Sin embargo, consideró que puede haber excepciones que autoricen la interrupción de un embarazo y, en particular, no se debe enviar a la cárcel a quienes lo hagan: la pobreza no debe ser criminalizada bajo la lógica del aborto, había dicho antes, al término de un seminario internacional para evitar la violencia hacia las mujeres.

Obligaciones del Conapo

Según la ley, el Conapo tiene la responsabilidad de promover políticas públicas para que los mexicanos tengan acceso a la información y decidan, en libertad, cuándo y cuántos hijos tener. Las políticas públicas en esta materia –en el área de responsablidad de Gobernación– deben ir encaminadas a que las mujeres ejerzan estos derechos, incluida la salud reproductiva y la planificación familiar.

A la pregunta sobre los cambios legales en diversas entidades para penalizar el aborto, Gómez Mont contestó que debe erradicarse cualquier tipo de violencia contra la mujer.

La vida del infante o del producto –opinó– debe ser protegida, aunque eso no significa que se deba castigar penalmente a las mujeres que interrumpan sus embarazos. Creo que el aborto debe estar prohibido, dijo, aunque precisó que debe haber excepciones que lo autoricen. “Deben encontrarse salidas distintas a las penas para las mujeres que por su condición de miseria se vean sometidas a estos procedimientos.

Pero de ahí a legalizarlo, yo soy de los que cree que no y, en la lógica democrática, presento mis puntos de vista, expresó el funcionario en entrevista.

Antes, durante el seminario Mujeres seguras en las ciudades futuras, Gómez Mont dijo que la erradicación de la violencia contra las mujeres también pasa por una modificación profunda de los roles masculinos.

Al respecto, mencionó otros aspectos de su vida personal: le tocó ser criado por una mujer que a los 50 años se quedó viuda con 13 hijos, y actualmente comparte labores en la intimidad doméstica con su esposa.

“Hoy, si quieren encontrar al secretario de Gobernación después de las ocho, búsquenlo en su casa, porque es el día que le toca dormir a su hija; y los sábados lo encuentran en el súper, con su familia, y sepan que allí es muy feliz y se siente muy hombre”, expresó.

El programa para erradicar la violencia contra las mujeres –dijo– es de emancipación de los hombres. Por ello, exigió a los varones abandonar sus inseguridades y cambiar el trato con el sector femenino. Reiteró que México requiere reconstruir el tejido social y una política que busque el desarrollo comunitario.

Durante el seminario se advirtió que el costo de la violencia contra las mujeres representa 2 por ciento del PIB regional. En 2008, México gastó más de 168 mil millones de pesos en atención a las víctimas de ese delito, particularmente en servicios de salud, justicia e improductividad laboral, de acuerdo con la Cámara de Diputados.

Laura Carrera, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra el sector, advirtió que muchas mujeres, jóvenes y niñas viven acosadas, intimidadas, perseguidas y violentadas por el simple hecho de ser mujeres.