Luego de varios meses de críticas y cuestionamientos a la dirigencia nacional del PRI por la postura en favor de la penalización del aborto que han asumido sus legisladores en los estados, la presidenta del tricolor, Beatriz Paredes Rangel, dijo ayer que el tema divide a la sociedad y polariza el ambiente. Por eso –dijo– su determinación de mantenerse al margen de la discusión.

No obstante, para Araceli García Rico, dirigente femenil del sector popular de ese instituto político, los cambios realizados a 17 constituciones estatales representan un retroceso para el PRI. Planteó que aunque mujeres líderes de organizaciones priístas han expresado su rechazo a la penalización y persecución contra quienes deciden interrumpir sus embarazos, en este ejercicio democrático ha prevalecido la conciencia personal y la carga moral de cada legislador.

En tanto, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contestó con evasivas: sin duda la mujer tiene derechos, pero también un producto. En ese orden, buscaremos el tratamiento que se debe dar legalmente a las cosas.

Ayer se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y aunque a escala internacional se promueven el reconocimiento del derecho de la población femenina a decidir sobre su cuerpo y legislaciones que garanticen su salud y su vida, el ombudsman dijo que en algunos casos se admite la despenalización del aborto, “en otros está protegido de manera muy clara el derecho a la vida. En términos del siglo XXI, veamos cuál será la dirección y el tema más adecuado para el caso.

Buscaré defender a todas las personas en igualdad de circunstancias, sin que se vean involucrados ninguna ideología o preferencias que marquen una distinción entre las personas.

Respecto a la criminalización de quienes deciden interrumpir su embarazo, Plascencia planteó que la pena de prisión no es una medida que corresponda a una sociedad moderna, avanzada y plena del siglo XXI.

En Puebla, el nuncio apostólico, Christophe Pierre, pidió a los legisladores de los estados asumir con responsabilidad y ética moral las disposiciones de la ley natural, con la intención de reconocer a las personas desde que son concebidas.

Para Guillermo Gazanini Espinoza, secretario general del Consejo de Analistas Católicos de México (CACM), las leyes que favorecen el aborto son una forma de ejercer violencia contra el más débil.