Como una alternativa para las parejas que, imposibilitadas para procrear hijos, caen en actos constitutivos de delitos como tráfico o robo de menores, la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó una iniciativa de ley de maternidad subrogada, mediante la cual una mujer podrá gestar o llevar en su vientre el producto de la concepción de otra.

La presidenta de la Comisión de Salud del órgano legislativo, Maricela Contreras, explicó que se pretende que esta actividad se realice sin fines de lucro y por medio del sistema de salud pública. Señaló que si bien no se conocen cifras en la ciudad de México, en el ámbito nacional existen un millón y medio de parejas que padecen infertilidad o esterilidad, por lo que constituye un problema de salud pública.

La diputada perredista retomó una propuesta similar de la anterior legislatura y refirió que contar con un marco jurídico no sólo evitaría casos tan lamentables como el ocurrido recientemente en una clínica privada de la ciudad de México, en la que personal médico sustraía niños recién nacidos para después venderlos, sino que también se acabaría con el gran negocio en que se ha convertido la renta de úteros.

De hecho, declaró que esto último es parte de un mercado negro, del cual no se tiene información certera, porque no está regulado, pero es común encontrar sitios en Internet en los que se ofrece esta posibilidad.

Detalló que la maternidad subrogada posibilita el embarazo sin que exista cópula, ya que puede desarrollarse mediante inseminación y la recepción del embrión por la madre sustituta, lo que se denomina fecundación in vitro con transferencia de embriones. Agregó que quien preste su vientre no recibiría ninguna remuneración económica, porque de lo que se trata de ser solidarios con las parejas que lo requieran, como sucede con los trasplantes.

La iniciativa de ley de maternidad subrogada está integrada por cuatro títulos y siete capítulos. El primer título se refiere al objeto de la ley y su ámbito de aplicación, las autoridades que se encargarían de velar por el cumplimiento y fijar las normas aplicables que regirán una posible controversia o supletoriedad en caso de que se presente.

El segundo señala las disposiciones que deben cumplir los médicos tratantes atendiendo a principios como el secreto profesional, así como el asesoramiento a todas las partes que intervienen en la práctica médica, explicándoles los riesgos y los alcances.

En el título tercero se enuncian los requisitos y formalidades que debe contener el documento denominado instrumento de la maternidad subrogada. Y en el último se plantea la prohibición a los médicos tratantes para que realicen este procedimiento sin el consentimiento y plena aceptación de las partes que intervienen.