uego de que la Secretaría de Gobernación (SG) anunció, el pasado martes, que la empresa holandesa Smartmatic International Holding había ganado la licitación de los equipos para elaborar la cédula de identidad ciudadana, las otras compañías participantes en dicho proceso informaron ayer que interpondrán una queja ante la Secretaría de la Función Pública por el fallo, y acusaron al área técnica del Registro Nacional de Población (Renapo), dependiente de la SG, de otorgar el contrato bajo condiciones de favoritismo.
La disputa legal en ciernes por el resultado de ese proceso administrativo forma parte de una cadena de impugnaciones e inquietudes manifestadas desde distintos frentes de la sociedad en torno al referido documento de identificación personal, y obliga a cuestionarse, una vez más, sobre la procedencia de implantar, en el momento presente, un documento de identificación oficial adicional a los que ya existen.
Por principio de cuentas, el empeño gubernamental por elaborar la nueva cédula pareciera soslayar que el país ya dispone de un instrumento, la credencial de elector, aceptado como identificación universal por el común de los mexicanos, de las dependencias federales y las entidades privadas.
Adicionalmente, y como han señalado distintos especialistas, el padrón manejado por el Instituto Federal Electoral por medio del Registro Federal de Electores es, si no perfecto ni exacto, sí mucho más confiable que el de la propia clave única de registro de población (CURP), a cargo de la SG, la cual sería la base para la expedición del documento propuesto.
En cambio, la creación del nuevo sistema de identificación podría tener un impacto negativo sobre el empadronamiento ciudadano ante el IFE, desincentivaría entre la población el uso de ese instrumento básico de los comicios y propiciaría, en suma, el desplazamiento de algunas de las funciones hoy realizadas por ese órgano autónomo hacia el poder central.
No deja de ser inquietante, por otro lado, la perspectiva de que el Ejecutivo federal disponga, en una de sus dependencias, del registro de datos biométricos de toda la ciudadanía: habida cuenta de las condiciones imperantes de descomposición y corrupción en el seno de la administración pública en todos los niveles, un padrón semejante podría colocar a quienes se registren en él en un estado de indefensión y de riesgo frente a servidores públicos inescrupulosos, frente a grupos delictivos infiltrados en las distintas instancias del gobierno o ante virajes hacia mayores cotas de autoritarismo y represión que las ya existentes.
Al respecto, son reveladores los señalamientos realizados hace unas semanas por la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), María Marván Laborde, quien reclamó a la SG por su falta de compromiso para atender los requerimientos en materia de protección de los datos personales y la privacidad de los ciudadanos en el proceso de elaboración de la cédula mencionada.
Por lo demás, con la colocación de un poder tal en manos de un régimen que ha recortado libertades ciudadanas y garantías individuales, se asiste al riesgo de que éste amplíe sus márgenes de maniobra para criminalizar, perseguir y reprimir las luchas sociales y las disidencias políticas.
En suma, ante el empecinamiento gubernamental de destinar grandes sumas de recursos públicos a la elaboración de un instrumento prescindible y oneroso, y ante la manifiesta incapacidad de la Presidencia de la República y de la propia SG para dar argumentos sólidos y coherentes sobre la conveniencia y necesidad del uso de esta cédula, resulta inevitable preguntarse si los planes de su elaboración obedecen a un designio de control policial sobre la población, con miras a la posible aplicación de represalias en contra de las oposiciones políticas y sociales; a una voluntad de emplear los dineros del Estado para favorecer negocios particulares, o bien a ambas cosas.
