El estado de Guerrero vive una preocupante crisis de seguridad y de justicia, provocada por deficiencias estructurales de las instituciones, corrupción endémica del Poder Judicial, falta de transparencia y excesiva concentración de los nombramientos en manos del gobernador.

El informe Guerrero: sistema de justicia en crisis, elaborado por varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y especialistas en derecho, denuncia también que los tribunales y la Procuraduría de Justicia del estado no aplican los convenios internacionales firmados y ratificados por México.

Además, los especialistas encontraron problemas de armonización entre leyes locales y el Código Penal, que afectan de manera especial a las mujeres víctimas de discriminación y violencia. No existe en Guerrero un reconocimiento de la justicia indígena y hay múltiples testimonios de graves obstáculos para que las víctimas obtengan justicia.

Durante varios días, representantes de la Comisión Internacional de Juristas, de la Fundación para el Debido Proceso y Fundar se reunieron con organizaciones y autoridades de Guerrero a fin de recabar información sobre el sistema de procuración y administración de justicia. Ayer, en conferencia de prensa, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo de España e integrante de CIJ; Susana Villarán, ex comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, presentaron las conclusiones.

El documento contiene testimonios de indígenas, mujeres víctimas de violencia, defensores de derechos humanos y líderes sociales, quienes coinciden en que el sistema judicial es muy limitado para ampararlos frente a los abusos.

Abel Barrera señaló que en los 15 años recientes se ha intensificado la militarización en el estado con la excusa del narcotráfico. Hoy día, dijo, los pueblos indígenas se encuentran atrapados entre las fuerzas armadas y la criminalización de la protesta social.

Hay más violencia, inseguridad y pobreza, y los resultados de la estrategia militar para contener el narcotráfico han fallado, resumió.

Dijo que los líderes sociales enfrentan órdenes de aprehensión y los defensores de los derechos humanos se arriesgan a represalias. Recordó que el caso de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, activistas de La Montaña muertos en febrero, sigue estancado a pesar de que lo atrajo la Procuraduría General de la República.