Ante la ambigüedad legal que existe acerca del documento que debe certificar la identidad de los mexicanos, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral (IFE) están obligados a encontrar una opción viable, que no puede ser la coexistencia de la credencial de elector y la cédula de identidad, sostuvo el consejero Virgilio Andrade.

La expedición de una cédula de identidad simultánea a la credencial para votar atentaría contra la democracia de manera indudable y colocaría al gobierno en una innecesaria situación de suspicacia. Más aún cuando el IFE ha dado su aval respecto de 63 millones de credenciales renovadas y con plena seguridad.

Ante los cuestionamientos de los términos en que se efectúan las conversaciones entre ambas partes, Andrade explicó que en este momento existen condiciones de transparencia y responsabilidad para poder lograr un consenso armónico.

Advirtió sobre las consecuencias si Gobernación decide optar por la expedición de una cédula de identidad de manera paralela a la credencial de elector.

Esto causaría cuestionamientos al proceso de 2012; por eso partimos de la premisa de que al gobierno le interesa preservar una elemental estabilidad para la elección presidencial y esa estabilidad pasa por no emitir un documento simultáneo a la credencial de elector.

El consejero Benito Nacif señaló que hasta el momento no se ha alcanzado acuerdo alguno, aunque ya existe un documento de trabajo que recoge una propuesta del IFE para crear una cédula de identidad y participación electoral para mayores de 18 años, que sería una especie de credencial de elector de cuarta generación.

En respuesta a las críticas internas sobre el carácter de las pláticas, Nacif subrayó que éstas tienen carácter institucional y fueron instruidas por el propio Consejo General del IFE. Agregó que no hay plazos fatales para alcanzar un acuerdo con Gobernación y destacó la necesidad de avanzar en un convenio que incluya la protección de los datos personales de los ciudadanos.

Andrade se refirió a la postura que ha adoptado Gobernación de dialogar con el IFE y, en forma simultánea, avanzar en la licitación y adjudicación de contratos para la expedición de la cédula de identidad. Si el consenso que se está tratando de construir se rompe por cuestiones administrativas en marcha, quedará a la luz pública la calidad moral y política del gobierno.

En cualquier caso, Gobernación es responsable de responder y rendir cuentas al Congreso sobre la adjudicación de contratos y el ejercicio de los recursos públicos sobre la cédula de identidad.

Andrade subrayó que el consenso mínimo en el IFE sobre la polémica desatada por el proyecto de cédula de identidad del gobierno, es la inviabilidad de la coexistencia de dicho documento y la credencial de elector.

El IFE ha dejado claro esto. El instituto, agregó, también reconoció que hay algunas diferencias en el procesamiento interno de la postura del IFE.

El consejero explicó que la credencial de elector ha sido fundamental en la consolidación de la democracia mexicana, en la construcción del padrón electoral y, en los hechos, en la construcción misma de lo que sería la cédula de identidad.

Las reformas de 1990 y 1996 muestran la transformación que ha tenido la credencial de elector y la persistencia de algunas ambigüedades entre la ley electoral y la legislación en materia poblacional. En cualquier caso, esta situación obliga a Gobernación y al IFE a trabajar en asuntos de identidad, sin menoscabo del proceso de construcción de la democracia.