La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una disculpa pública a la familia de Guillermo Vélez Mendoza, quien fue detenido en forma ilegal y después asesinado por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2002, cuando pretendían aprehenderlo supuestamente por pertenecer a una banda de secuestradores conocida como Los Ántrax.

Tras siete años de litigio en los que la familia Vélez Mendoza buscó resarcir el buen nombre de su hijo, finalmente el primer tribunal unitario en materia civil, con sede en la ciudad de México, sentenció a la PGR y a cinco elementos de la desaparecida AFI a pagar 2 millones 393 mil 700 pesos por concepto de indemnización al padre y cuatro hermanos de Guillermo Vélez Mendoza.

Esto, porque la institución ministerial no demostró que el ahora occiso fuera integrante de una banda de plagiarios, como señaló el Ministerio Público Federal.

Norma Griselda Mendoza, madre de Guillermo Vélez y quien fue una de las demandantes, falleció en mayo de este año esperando que se hiciera justicia para su hijo muerto y toda la familia, pues ella y sus hijos perdieron su empleo y en todos lados los veían como secuestradores, debido a las acusaciones infundadas de la PGR, dijo el abogado José Antonio Ortega Sánchez, parte de la defensa desde el inicio del caso.

En conferencia de prensa, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera Herrera, afirmó que esa dependencia manifiesta su compromiso, como garante de la legalidad y promotor del estado de derecho, de cumplir cabalmente con las disposiciones constitucionales, legales y las resoluciones judiciales para hacer viable el estado de derecho que garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos; siempre cumplirá las determinaciones del Poder Judicial cabalmente

El 29 de marzo de 2002, Guillermo Vélez Mendoza murió torturado por agentes de la AFI (dirigida entonces por el actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna). Al respecto, Ortega Sánchez sostuvo que con esta decisión judicial se pudo demostrar que mediante la aplicación de la ley es posible vencer a los depredadores de la justicia, como lo es Genaro García Luna.

De acuerdo con la resolución judicial (después de siete años de la muerte del joven, quien laboraba como instructor en un gimnasio y vivía en la colonia Estrella de la delegación Gustavo A. Madero), “son infundadas las excepciones planteadas en el juicio ordinario civil por la PGR, y por (los agentes federales) Hugo Armando Muro Arellano, Sergio Martínez López, Norberto Amezcua Barreda y Alfredo Cruz Pérez, en relación con la acción principal, particularmente en virtud de la privación de la vida de Guillermo Vélez Mendoza no se probó ni robustecieron los indicios por los cuales se le relacionó con la banda delictiva Los Ántrax, y menos el carácter de secuestrador”.

El fallo de tres magistrados agrega: “se condena a la PGR y a los codemandados en este juicio, a cada uno en lo individual, a pagar a cada uno de los demandantes una indemnización por daño moral causado por la cantidad de 398 mil 950 pesos.

En términos de lo dispuesto en el artículo 1927 del Código Civil Federal, se condena a la PGR a responder subsidiariamente de las condenas en dinero impuestas a los policías demandados; sin que se haga especial condena en costas judiciales.

El órgano jurisdiccional determinó que la PGR debía publicar en distintos medios de comunicación la sentencia emitida, con el propósito de resarcir el buen nombre de Guillermo Vélez Mendoza.

El mismo tribunal absolvió al ex subprocurador de la PGR Gilberto Higuera Bernal y al ex fiscal Carlos Javier Vega Memije de cualquier responsabilidad personal en el tema de la indemnización a los integrantes de la familia Vélez Mendoza.

Estos ex funcionarios, que trabajaron en la PGR durante el sexenio del presidente Vicente Fox, fueron quienes anunciaron, en su momento, a los medios de comunicación que la muerte de Guillermo Vélez supuestamente obedeció a un homicidio imprudencial.

Tanto Higuera Bernal como Vega Memije sostuvieron que el hombre se opuso a ser detenido por los policías federales que tenían orden de arrestarlo, porque presuntamente Vélez estaría relacionado con el secuestro de la dueña del gimnasio en que laboraba.