El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, hizo un enérgico llamado a las autoridades para que emprendan acciones efectivas en la prevención del secuestro, así como en la investigación, la persecución y el formal procesamiento de todos los responsables de ese delito.

Durante la instalación de la unidad de atención a víctimas del delito de secuestro, de la CNDH, Plascencia demandó a las autoridades que atiendan con dignidad y respeto a las víctimas y sus familias.

En ese acto también fue firmado un convenio de colaboración entre organizaciones civiles y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos para establecer una red nacional de atención integral a las víctimas de dicho ilícito.

El ombudsman exigió que se haga efectivo el derecho a la justicia, pero, sobre todo, que no quede un solo secuestro sin que se haya llevado a los responsables ante la justicia.

Por las organizaciones civiles, firmaron dicho convenio Alejandro Martí García, presidente de SOS México; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, y Ana Franco de Wattnem, presidenta de México Unido contra la Delincuencia.

También signaron el documento el presidente de dicha federación, Carlos García Carranza, así como el titular de la CNDH. Nelson Vargas firmó como testigo de honor.

Este último recordó a la Procuraduría General de la República, y a la Secretaría de Seguridad Pública que “todavía faltan (de ser detenidos) varios delincuentes de la banda de Los Rojos”.

Señaló que hay cientos y cientos de casos que no han sido resueltos. El éxito de la justicia no está en dejar a medias los logros obtenidos: se necesita el esclarecimiento total de los hechos y la detención de todos los involucrados.

Ante el ombudsman nacional, aseveró que el concepto de derechos humanos está mal planteado de origen, ya que la CNDH se queda para proteger a la población civil de hechos abusivos de la autoridad, pero esa comisión y las estatales poco pueden hacer cuando son criminales los que afectan los derechos humanos de las víctimas.

A su vez, Miranda de Wallace apuntó: nosotros no estamos aquí únicamente para anunciar este convenio. Estamos para hacerlo realidad (...) y darle seguimiento.

Anunció que la próxima semana presentará un proyecto de ley de víctimas del secuestro. Primero, adelantó, se entregará a la Cámara de Diputados, y dos días después al Senado.

Estamos pidiendo equidad de derechos, porque los delincuentes tienen hoy más derechos que las víctimas, añadió.

Dijo que también solicitan que los pagos que se hagan por el rescate de los secuestrados sean deducibles de impuestos.

Martí destacó la necesidad de fortalecer a la CNDH en todos los estados con el fin de que tenga fuerza suficiente para exigir que las autoridades atiendan a las víctimas de este delito, porque hoy son ineficientes e irresponsables los investigadores del Estado mexicano.

En entrevista, Martí expuso: la calle sigue siendo insegura, hay secuestradores y bandas. Por ello exijo al Estado mexicano que se detenga a ciento por ciento de las bandas que se dedican al secuestro y que depuren los cuerpos policiacos, porque muchos son secuestradores o protegen a los criminales.

Destacó que en lugar de testigos protegidos, tiene que haber una policía científica que investigue, y no agentes atrapadenunciados o atrapachismes.