El presidente Felipe Calderón señaló ayer que el crimen organizado busca infiltrarse en la política por medio del financiamiento de las campañas, la intimidación o la coptación y las autoridades municipales son las más afectadas.

Ante expertos de varios países que participaron en la mesa redonda La democracia en una encrucijada: el reto del financiamiento ilícito de la política, reconoció que la primera vía más ensayada por la delincuencia para infiltrar la política es establecer contacto con las autoridades antes de que sean electas por medio del financiamiento de sus campañas, con el propósito de controlar ese territorio.

Para prevenir y atajar las amenazas que pueden socavar la democracia, como es el poder corruptor y de intimidación de la delincuencia, se pronunció en favor de revisar la actual legislación.

Además, en la clausura de este foro organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE), propuso también que los partidos políticos coloquen toda su información en la vitrina pública para que sean fiscalizados no sólo por las autoridades electorales sino también por los ciudadanos.

Desde la perspectiva del Presidente, existen cuatro puntos que deben revisarse para evitar la infiltración del crimen organizado en la política.

Explicó que la nueva estrategia de los criminales de tener control sobre los territorios, para la distribución de drogas y el narcomenudeo, los lleva a buscar dominar a las autoridades –sobre todo las municipales– por medio de la intimidación con el uso de armas y la amenaza o la cooptación por medio de la corrupción.

Una vez que se establece un vínculo económico entre el crimen y el candidato es prácticamente imposible o muy difícil disolver esta relación una vez que la elección ocurre, porque se vuelve un vínculo permanente y de muy difícil reversión para la autoridad aún deseándolo, entre el crimen y la autoridad, explicó.

Debido a que la estructura de financiamiento ilegal o ilícito es por medio de operaciones en efectivo, se pronunció por reforzar la fiscalización de los partidos.

Es necesario, explicó, reforzar el monitoreo en los ámbitos federal y locales del gasto de los institutos políticos y candidatos, pero no sólo en los registros contables sino en cuanto a los gastos reales de campañas y de partidos que es donde se expresa la inequidad.

Consideró que la dificultad para monitorear los movimientos territoriales de los partidos y candidatos, porque realizan sus operaciones en efectivo, abre la puerta al riesgo del financiamiento ilícito.

Por último, dijo que representa un desafío la existencia de mecanismos informales no contables de difusión de campañas y candidatos en propaganda o medios de comunicación.

De igual forma señaló que los ciudadanos también tienen que vigilar el comportamiento de los gobiernos para que haya un doble control que evite el financiamiento indebido o traspaso de dinero público gubernamental no autorizado al manejo de campañas política.

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, reconoció que son grandes los riesgos de que el crimen organizado participe en el financiamiento de las campañas políticas.

Aclaró más adelante que el IFE no registró presencia de recursos provenientes de actividades ilegales en las campañas de la elección federal de 2009.