n el horno de la ignominia se cocina el platillo que daría la puntilla a la propiedad estatal en materia energética –petróleo y electricidad, especialmente– y transformaría un derecho fundamental de los mexicanos –el acceso al agua– en negocio adicional para el gran capital. El chef no es otro que el malogrado Felipe Calderón y sus pinches –ayudantes de cocina–, los siempre dispuestos prianistas, a quienes, como en tantas otras ocasiones, se les queman las habas por servir el guiso en la mesa del patrón y así redondear tres desastrosas décadas privatizadoras sin beneficio alguno para los que pagan el festín, quiéranlo o no.

Ante su ostentosa incapacidad creativa, el grupo en el poder, el cual ya ni siquiera se toma la molestia de intentar alternativas medianamente convincentes, cómodamente decidió trasladar su obligación y responsabilidad legales al gran capital y ceder el manejo y usufructo de lo que queda de bienes nacionales (contratos a 50 años), pero reteniendo para los mexicanos el costo de los previsibles fracasos económico-financieros por venir. La experiencia Fobaproa no les dejó nada. De hecho, 30 años de sonados fracasos y nulos resultados de privatización a ultranza han sido insuficientes para intentar caminos alternativos.

Como denunció La Jornada en su edición dominical (Andrea Becerril, nota principal), “todo está listo para que senadores de PRI y PAN aprueben este lunes (hoy) en comisiones el dictamen de la nueva ley de asociaciones público-privadas, propuesta por Calderón, reforma que abre la puerta a la privatización total de los servicios que presta el Estado, entre ellos el de la electricidad… Hay gran prisa por sacar de inmediato esa iniciativa presidencial, que se presentó en el Senado el pasado 10 de noviembre, e incluso hay ya un dictamen, elaborado por el presidente de la Comisión de Comercio, el priísta Eloy Cantú, (quien) había citado a reunión de comisiones unidas el jueves pasado, pero la denuncia (…) hizo que la decisión se pospusiera unos días… De nuevo priístas y panistas pretendan dar fast-track a una reforma lesiva para los mexicanos, ya que por la puerta de atrás se quiere avanzar en la privatización de los servicios de energía eléctrica, agua y seguramente también el petróleo… El dictamen es copia casi íntegra la iniciativa de Calderón, que prácticamente se aprueba en sus términos, porque los cambios son mínimos… Es un riesgo permitir a empresas extranjeras firmar contratos con el gobierno federal para realizar todo tipo de obras y servicios, pasando incluso por encima de lo que señalan otras leyes nacionales y la propia Constitución…”.

Pues bien, ése es el camino seguido a lo largo de tres décadas (con los resultados conocidos y padecidos por los mexicanos), pero les faltaba el moño. Por esa ruta transitaron puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, ingenios azucareros, bancos, satélites, ferrocarriles, aerolíneas, fertilizantes, guarderías, cementeras, cigarreras, minas, empresas refresqueras, inmobiliarias, químicas, textiles, armadoras, madereras, papeleras, pesqueras, del acero, de la construcción, hoteles, etcétera, etcétera, y, poco después, muchas de ellas fueron rescatadas con recursos de la nación, para, una vez saneadas, retornar al sagrado rebaño de la iniciativa privada.

A cada privatización la misma cantaleta: es intolerable un Estado obeso; mejor la gran capacidad administradora del capital privado; con la venta ya no desviaremos recursos públicos; por el contrario, utilizaremos el ingreso de la enajenación para atender las necesidades sociales de los mexicanos: los dotaremos de infraestructura, mejoraremos sus niveles de bienestar; crecerá la economía, habrá empleo, aumentará el salario, mejorará el poder adquisitivo, se repartirá la riqueza. Habrá desarrollo.

A la vuelta de 30 años, la economía se mantiene igual de estancada que de privatizada; no hay empleo, los salarios son de hambre, medio millón de mexicanos cruzan la frontera anualmente en busca de mejores condiciones de vida, la informalidad avanza a paso galopante, 55 millones de pobres sobreviven en el país, el gobierno es más obeso, oneroso e inútil que nunca y la concentración del ingreso y la riqueza es abominable. En 30 años se privatizó todo, reduciendo al gobierno a una mera oficialía de partes al servicio de los intereses privados, y al inquilino de Los Pinos a un mero velador, mientras los mexicanos incrustan la nariz en el vidrio del aparador para ver comer a los barones. Y por si fuera poco, las finanzas públicas quebradas, en su peor crisis de las últimas tres décadas (Carstens dixit).

¿Es ése el prometido paraíso privatizador?

Las rebanadas del pastel

También las pensiones; “hace poco más de tres meses acudí a solicitar mis aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, que administra Pensionissste. Pues bien, transcurrido ese plazo los recursos aún no me han sido depositados. Lo paradójico no es la ineficiencia de este organismo, sino que los fondos de mi cuenta, de mi dinero, no me han sido depositados en razón de que no han tenido la autorización de Procesar SA de CV, una empresa externa al ISSSTE y al Fovissste, e incluso al mismo gobierno federal, que es la que administra y opera ¡la base de datos nacional del SAR!, la cual incluye a los que están también en el IMSS. Es decir, los datos confidenciales, privados, de todos los empleados y trabajadores del país ¡los tiene una empresa privada! Una compañía que, además, tiene facultades de decisión. Y yo que pensé que el IFE y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, eran los garantes de cuidar la confidencialidad de nuestros datos y de decidir sobre su uso de acuerdo con la ley. Pues parece que no. ¡Ah!, por cierto, en el consejo de administración de Procesar se encuentran, entre otros, Gerardo de Prevoisin R. de T., así como otra persona muy conocida, Óscar Medina Mora Escalante, quien al parecer aún está en la Afore Banamex junto con su hermano Manuel. Sólo como un dato estadístico: Pensionissste, que es un tipo de Afore sui generis –dado que es un órgano desconcentrado del ISSSTE– maneja alrededor de 60 mil millones de pesos de millones de trabajadores al servicio del Estado. Me pregunto, cándidamente, si en este gran negocito privado de manejo de información confidencial las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, el IFAI, no tendrían que intervenir para resguardar nuestra información y recursos” (Ricardo García Ortega, [email protected]).

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