bjeción de conciencia es negarse a realizar actos o servicios esgrimiendo motivos éticos o religiosos estrictamente personales, por encima de leyes e instituciones, a partir de una formación supuestamente sólida. Malo cuando la autoridad dice a los ciudadanos: mi conciencia puede objetar, la tuya no, o te prohíbo abortar, aunque tú, en conciencia, decidas hacerlo.

El antiabortista secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, desatiende una de las principales funciones de la dependencia a su cargo –Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales...–, cuando con su postura parece sostener que la vida es sagrada pero la educación y el empleo para darle a ésta unos mínimos de dignidad, no.

El artículo cuarto constitucional señala: Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, aunque la recatada redacción deje de lado a quienes conciban la inconcebible decisión de no concebir.

Este precepto constitucional no sólo no es vigilado por la Secretaría de Gobernación, sino que la ahora apostólica dependencia niega a las mujeres la capacidad de decidir y legiones de legisladores lugareños condenan con dedo flamígero a cuantas se atrevan a abortar, haciendo caer sobre ellas todo el peso no de la ley sino de un machismo empanicado y fascistoide, mientras toneladas de mierda televisiva y radiofónica siguen cayendo a diario sobre los desinformados hogares que estos servidores públicos con su doble moral pretenden salvaguardar.

Porque una de las funciones más descuidadas de la Secretaría de Gobernación, mediante su decorativa Subsecretaría de Normatividad de Medios, es vigilar que las transmisiones de radio y televisión así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público.

Si los metidos a cumplidos funcionarios y a seudoescrupulosos legisladores entendieran que por encima de dogmas y de objeciones de conciencia está el derecho de cada quien a responsabilizarse de su propia e intransferible búsqueda de la felicidad, tal vez empezarían a ocuparse de asuntos menos abstractos que el respeto a los ciudadanos nonatos.

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