Editorial
Ver día anteriorMartes 8 de diciembre de 2009Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Copenhague: leve esperanza ambiental
L

a 15 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que inició ayer en Copenhague dos semanas de negociaciones que deberán culminar con la firma de acuerdos de acciones específicas por parte de destacados gobernantes de países industrializados y economías emergentes, constituye la primera oportunidad, en una década, de construir consensos intergubernamentales sólidos y significativos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, causantes, a decir de la mayor parte de la comunidad científica internacional, del calentamiento global que afecta al planeta.

Los dos periodos presidenciales en que George W. Bush ocupó la Casa Blanca fueron, en materia de construcción de acuerdos ambientales mundiales, tiempo perdido. El ex gobernante republicano decidió sacrificar toda consideración sobre los graves efectos que la economía de su país causa a la atmósfera planetaria y privilegiar, en cambio, los intereses económicos más inmediatos de las corporaciones industriales y de servicios de Estados Unidos, y con ello hizo imposible alcanzar convenios mínimamente equitativos en un tema que exige la corresponsabilidad de las economías más contaminantes del mundo, encabezadas por la estadunidense.

En años anteriores fue notoria también la presión de los gobiernos occidentales sobre las naciones menos desarrolladas para obligarlas a cargar con el peso y la responsabilidad de la contaminación mundial, lo que no sólo no resolvía el problema central del calentamiento global, sino constituía, por añadidura, una injusticia monumental, toda vez que se pretendía llevar a la parálisis a países que distan mucho de haber alcanzado un grado de desarrollo que permita otorgar al grueso de sus poblaciones niveles de vida mínimamente aceptables. Asimismo, se tendió a ignorar que las consecuencias más catastróficas del calentamiento global afectarán, de manera inexorable, a los países más pobres, y en particular –debido al incremento de los niveles oceánicos producidos por la fundición progresiva de los hielos polares– a los que se asientan en islas y archipiélagos de escasa altura sobre el nivel del mar.

La administración que encabeza Barack Obama, con todo y sus inconsecuencias, y a pesar de los varios atolladeros políticos en que se encuentra, ha marcado parte de la diferencia con respecto al pasado reciente de las negociaciones internacionales en materia climática. Un dato positivo es que, mientras en la capital danesa se inauguraba la conferencia climática, la Agencia de Protección al Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos reconoció en Washington, así fuera con tres lustros de retraso, que las emisiones de gases de invernadero ponen en peligro la salud humana, un paso que podría destrabar la adopción de medidas gubernamentales para contrarrestar, o cuando menos atenuar, el cambio climático. A este anuncio no faltaron, ciertamente, réplicas de grupos de interés empresarial que una vez más sacaron a relucir el alegato de que tales medidas podrían tener consecuencias económicas negativas en los actuales tiempos de recesión.

Otro factor que podría impulsar a funcionarios, científicos y estadistas asistentes a Copenhague es la creciente presión social en demanda de actitudes más responsables y eficaces de las esferas gubernamentales y de los organismos internacionales. Se les demanda, en suma, que hagan algo más que discursos ante la temible perspectiva de una catástrofe ecológica provocada por la irracionalidad y el carácter depredador de la economía en su presente configuración internacional; en concreto, que conviertan en leyes y en medidas concretas las limitaciones a la emisión de gases de invernadero y se solidaricen de manera efectiva con las naciones pobres que resultarán o ya están resultando perjudicadas por el calentamiento global.

Es urgente aliviar y corregir la situación actual en este ámbito; pero debe tenerse la certeza de que el problema persistirá en tanto los poderes públicos de los distintos países no abandonen por completo una ideología que privilegia la ganancia monetaria por sobre toda otra consideración, incluida la viabilidad y la supervivencia de nuestra especie.