A pesar de que el Partido Acción Nacional (PAN) intensificó los cabildeos y la negociación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para lograr que el Senado aprobara hoy la reforma de Felipe Calderón por la que se crea la ley de asociaciones público-privadas, la bancada del tricolor dio marcha atrás y prefirió posponer el tema hasta el próximo periodo de sesiones de febrero.

El presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el priísta Eloy Cantú –uno de los impulsores de esa reforma– pidió por la noche a la mesa directiva retirar en definitiva el dictamen, ya que, argumentó, no se consiguieron las firmas necesarias.

El presidente de la Comisión de Hacienda, José Isabel Trejo, declaró por la mañana que estaba firme el acuerdo con el PRI para presentar en la sesión de este jueves el dictamen y dispensarle la segunda lectura, a fin de aprobarlo de inmediato y remitirlo a la Cámara de Diputados, donde panistas y priístas lo votarían el martes próximo, día que cierra el periodo de sesiones.

Entrevistado antes de que se conociera la decisión de retirar el dictamen, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Gómez, deploró que se pretendiera aprobar a toda prisa esa reforma de Calderón y que en lugar de ley de asociaciones público-privadas, debería llamarse ley para hacer mejores negocios con el Estado mexicano.

Expuso que la corrupción se incrementará de aprobarse la reforma de Calderón, porque para empezar, los proyectos de obras o de servicios públicos los elaboran las empresas privadas y lo ofrecen luego a las autoridades gubernamentales. O sea que tendríamos cazadores de contratos.

Otro de los riesgos, detalló Gómez Álvarez, es que no cualquier cosa en el sector público se podrá concesionar, ya que la ley no establece límites. Se indica que el petróleo y la electricidad son actividades reservadas al Estado, pero si han violado la Constitución y actualmente 40 por ciento de la generación de electricidad la realizan empresas privadas, quién les creerá que no violen también la nueva legislación.

El senador perredista resaltó asimismo que la ley de asociaciones público-privadas que propone Calderón es violatoria de la Constitución, ya que está en contra de lo que plantea la Carta Magna, de que todo contrato en el sector público debe licitarse, mientras la propuesta permite las asignaciones directas.

También permite que los contratos que los gobiernos federal, estatales y municipales firmarán con empresas privadas, nacionales y extranjeros, con vigencia hasta de 50 años, no entre en la cuenta pública, porque son entidades privadas con recursos públicos.

Agregó que Calderón propone también modificar las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, para que no operen en el caso de los contratos con la iniciativa privada. Es decir, plantea eludir la ley. El senador Pablo Gómez resaltó que el PRD se opondría a esa reforma que ni siquiera se discutió en comisiones.