La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) decidió no ejercitar acción penal contra el ex secretario de Seguridad Pública capitalino Joel Ortega Cuevas, el ex delegado en Gustavo A. Madero Francisco Chiguil Figueroa y el ex titular de esa dependencia Rodolfo Félix Cárdenas, por lo ocurrido el 20 de junio de 2008, durante un operativo policiaco realizado en la discoteca News Divine, donde murieron 12 personas.

A más de un año de dicha acción policiaca, la representación social concluyó que una vez agotadas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acreditó que las personas mencionadas hubieran cometido los delitos que se les imputó o que hubieran participado en su ejecución, es decir, que no se halló actuación u omisión que en el ejercicio de sus funciones pudiera resultar prevista y sancionada por la legislación penal vigente cuando pasó el hecho.

De esta manera, la Fiscalía de Servidores Públicos de la procuraduría dictó un acuerdo de no ejercicio de acción penal dentro de las actuaciones que integran la averiguación previa FACI/50/T2/849/08-06R1D3 y acumulada FGAM/GAM 4/T3/1351/08-06, en el cual también se exonera el primer superintendente Luis Rosales Gamboa, actualmente jefe del estado mayor de la SSP-DF.

En un comunicado, la PGJDF señaló que entre los elementos para llegar a esta decisión, destaca que la prueba pericial que realizó la Procuraduría General de la República, realizada el pasado 17 de agosto, en torno al video tomado por la SSP-DF sobre los hechos, la dependencia federal concluyó que los videocasetes exhibidos por el personal de la corporación policiaca capitalina no están editados ni alterados.

Según la PGJDF esta determinación también se basa en que a los ex funcionarios –quienes fueron separados de sus cargos días después a consecuencia de esos hechos– se les configuró un actuar culposo, luego, en estricto sentido jurídico, tanto la doctrina como las resoluciones de la justicia federal señalan que en los delitos culposos no cabe la mínima posibilidad de la coautoría.

Asimismo, señaló que las muertes y abusos registrados contra los asistentes a dicho antro, ubicado en la colonia Nueva Atzacoalco, delegación Gustavo A. Madero, no fueron consecuencia directa de su proceder, dado que las líneas de responsabilidad para dicho resultado se encuentran sometidas actualmente a la consideración de los jueces penales.

La dependencia agrega que tampoco se pudo probar en la indagatoria que los ex funcionarios hayan ordenado o planeado la realización del operativo en ninguna de sus fases, puesto que el control, dirección y mando del mismo se encuentra actualmente en análisis del juzgado décimo noveno de lo penal del fuero local contra 36 procesados.

Otro de los elementos que llevaron a esta decisión, señaló la PGJDF, fue el acuerdo de improcedencia dictado por la Contraloría General del Gobierno del DF, el pasado 22 de octubre, que resolvió la queja interpuesta por familiares de la víctima y que determina no iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra Joel Ortega por esos hechos.

La PGJDF señaló que esta determinación no obstaculiza la continuidad y desarrollo de las pruebas periciales que realizarán peritos internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, ni la continuación de las indagatorias respecto de los otros involucrados que se encuentran en trámite, ni el cumplimiento de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre esos hechos, ni los procesos penales que actualmente se tramitan, cuyas primeras sentencias se espera sean dictadas enero próximo, según ha señalado el Tribunal Superior de Justicia del DF.