Las quejas por abusos del Ejército Mexicano se incrementaron este año 500 por ciento en Guanajuato, como resultado de la guerra del gobierno federal contra el narcotráfico, aseguró el procurador de derechos humanos de esa entidad, Gustavo Rodríguez Junquera.

Al finalizar la conmemoración del 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el ombudsman guanajuatense recordó en entrevista que en 2008 la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato recibió cuatro quejas contra militares, y de enero al 31 de octubre de 2009 la cifra se disparó a 20, provenientes de 10 municipios.

La mayoría se han documentado en las ciudades de León y Tarandacuao, seguidas por Apaseo el Grande, Celaya, Irapuato, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Valle de Santiago y Yuriria.

Los guanajuatenses han acusado a los militares de allanamiento de morada, cateos ilegales, detención arbitraria, tortura, lesiones y robo, entre otros atropellos.

El caso de la familia Parra, de León, ejemplifica estos abusos.

La noche del primero de agosto de 2008, 25 soldados irrumpieron en la vivienda de Bernardino Parra. Lo arrestaron, golpearon a su esposa, a su hija de siete años y a su hijo de 14. Me decían que vendía droga. Destrozaron los muebles y la casa buscando droga, dio a conocer en febrero de 2009. Bernardino estuvo en la cárcel durante siete meses, acusado de vender narcóticos.

Al quedarse sin sustento, su esposa, Margarita Reyes, tuvo que planchar y lavar ropa ajena, así como vender dulces en la calle, mientras su hijo lavaba autos. Incluso dejó a la hija en un orfanato.

Otro caso sucedió la madrugada del 18 de agosto, cuando un comando militar a bordo de camionetas sin matrícula llegó a la comunidad Tomelopitos, municipio de Irapuato, donde allanaron tres viviendas y encañonaron a sus moradores.

Me estuvieron interrogando. Mientras revisaban la casa le preguntaban a mi esposa dónde estaban la droga y las armas, y le dijeron que me iban a llevar si no les daba dinero. Lo tiraron al piso y un soldado le puso una bota en la cabeza, para que no viera lo que hacían, narró Ángel García Aza en aquella ocasión.

Hemos tenido acercamientos con la zona militar. Le hemos manifestado nuestra preocupación y estamos trabajando con ellos para evitar estas violaciones, comentó Gustavo Rodríguez.

Es importante que los soldados dejen de combatir al narcotráfico y regresen a los cuarteles en cuanto la policía dé confianza a la población, consideró el ombudsman.

El Ejército está para defender la soberanía nacional, pero el gobierno federal está agrandando su poder al ponerlo en las calles a pelear contra los narcotraficantes, consideró el rector del campus de la Universidad de Guanajuato en la capital del estado, Luis Felipe Guerrero Agripino, al participar en la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Mientras, la organización no gubernamental (ONG) Grupo 5 de Febrero, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, recordó que cuatro personas han muerto en la entidad a manos de soldados, en hechos aún impunes.

Raymundo Ramos Vázquez, coordinador de la ONG, señaló que las víctimas se llamaban Miguel Alejandro Gama Habid, Israel Ayala Pérez, Aarón Rojas de la Fuente y Jorge Eduardo de León Vela. La Secretaría de la Defensa Nacional arrestó a 12 militares, pero aún se desconoce su situación legal, pues la Sedena no permite que los familiares de las víctimas coadyuven en el proceso contra los 12 efectivos acusados de secuestro y homicidio, y se niega a informar sobre el avance del proceso penal.

Mientras, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Fausto Gutiérrez Aragón, y la coordinadora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de la entidad, Juliana García Quintanilla, exigieron que el Ejército Mexicano regrese a sus cuarteles, porque viola los derechos humanos y causaron una muerte en el municipio de Xochitepec el 20 de septiembre.

El ombudsman morelense y la coordinadora de la ONG afirmaron por separado que este año se han remitido 10 quejas contra militares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.