or fin Calderón ha reconocido algo: que desoye a los ciudadanos. Aunque el martes pasado declaró que “desoirá a quienes piden al gobierno retirarse de la lucha antinarco”, el hecho es que su opción por desoír abarca todos los aspectos que le resultan incómodos a su gobierno o en los que de plano ha fallado. Es decir, todos.
Desoye a todo el bloque construido en torno al SME que el viernes 4 toma la ciudad de México. Desoye, a la menos visible marcha de varios miles de juarenses el domingo 6 exigiendo a los tres órdenes de gobierno un alto a la masacre, a los secuestros, a las extorsiones, a las violaciones de los derechos humanos, a la inútil militarización, a la violencia multiforme que asuela esta frontera desde hace ya 20 meses.
El de Ciudad Juárez es un movimiento que por el bien del país es necesario difundir por todos los rumbos. Viene gestándose prácticamente desde que el Ejército tomó las calles de esta frontera, a finales de marzo de 2008. Es diverso en su composición, pero están destacando los dirigentes de clases medias, profesionistas tales como los médicos, empresarios, derechohumanistas, universitarios, estudiantes, artistas, algunas organizaciones populares, comunidades eclesiales de base. El domingo pasado se manifestaron para exigir a las autoridades una Solución para Juárez
detallada en un pliego de seis puntos, en el que hacen ver lo miope, lo inútil del Operativo Conjunto Chihuahua, a la vez que demandan un tratamiento integral al problema de la violencia, porque éste nunca se va a resolver con más armas, ni más policías, ni más soldados.
En esta ciudad, en lo que va del Operativo Conjunto, ya ha habido cerca de 2 mil 400 asesinatos, y la cuenta de los secuestros, de las extorsiones y de los robos, nadie se da abasto para llevarla. Las múltiples violaciones a los derechos humanos por las fuerzas armadas han quedado impunes e incluso se ha amenazado de muerte a quienes las denuncian, como es el caso de Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ante todo esto, los gobiernos municipal y estatal son rebasados y el gobierno de Calderón se porta con la arrogancia de los monarcas metropolitanos sobre sus colonias de ultramar, como Santa Anna con Texas.
Las y los juarenses organizados que protestan superando el terror que se ha adueñado de sus calles no están pidiendo que el gobierno se retire de la lucha antinarco. Lo que exigen es que ésta se conduzca de manera inteligente, eficaz, respetuosa de los derechos humanos; es decir, totalmente en sentido opuesto a lo que hasta ahora se ha hecho. Demandan, por ejemplo, que se combatan las causas sociales del problema con programas extraordinarios de desarrollo social, educación, cultura, apoyo a los jóvenes, atención a las adicciones. Sin embargo, Calderón y su gobierno los desoyen: ni un centavo más en estos rubros para esta sufrida frontera en la piñata partidista del presupuesto federal de 2010. Ni un solo programa especial, extraordinario para reconstruir el muy desgarrado tejido de la sociedad juarense, a resultas de un modelo miope de crecimiento económico, que es el maquilero, y un operativo armado planeado más para buscar admiradores y puntos en las encuestas que para devolver la paz a la ciudadanía.
Juárez y buena parte del estado de Chihuahua están –y esto debe visibilizarse nacional e internacionalmente– en una verdadera situación de emergencia humanitaria. Los casi 4 mil asesinatos ocurridos en el estado en dos años llamarían la atención internacional en cualquier otro país, salvo en este, donde el gobierno sigue haciéndose tonto, sólo pensando que ya está ganando la guerra
que cada vez tiene más características de limpieza social.
Porque se les niega, porque se trata de invisibilizar y minimizar su problemática, por eso las y los juarenses levantaron el domingo pasado la demanda de que Calderón visite Juárez, que pase aquí unos días, que experimente el miedo de sus ciudadanos, la inseguridad en el propio hogar, la angustia que se siente cuando sale sola una hija, el temor al contestar el teléfono, el miedo a que vengan a extorsionarlo a uno a su negocio. Demanda que parece ser mínima, pero con un titular del Ejecutivo federal empeñado en cerrar los oídos y levantar la ceja, se antoja máxima.
Un Estado en la catatonia e ineficacia total por un lado y, por otro, una ciudadanía indignada, que ya no va a dejar la calle, son los datos básicos para terminar el año.