La criminalización de la protesta social y la violación sistemática de los derechos humanos es parte de una política de Estado que busca imponer mediante la violencia extrema no sólo un falso estado de derecho que rompe toda legalidad, sino un modelo de producción capitalista que controla los recursos naturales y la propiedad de la tierra a costa de los pueblos y comunidades rurales, advirtieron organizaciones campesinas, indígenas y ex presos políticos, quienes alertaron que se avizora un escenario de mayor persecución y represión.

Reunidos en el seminario Represión y criminalización de los movimientos sociales rurales en el México del siglo XXI: memoria, género y resistencia, aseguraron que actualmente se enfrenta un fascismo social que permite la interiorización del miedo y la normalización de la violencia, ante un gobierno que reprime sistemáticamente las protestas sociales y usa las leyes para tratar como criminales a quienes pugnan por la defensa de la tierra, por tener alimentos, derecho al trabajo y a un medio ambiente más sano.

En el encuentro, convocado por Luciano Concheiro y Alejandro Cerda, catedráticos del posgrado en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco, Jacobo Silva, ex preso político, señaló que en México impera un estado de excepción en el que no se respetan los derechos humanos ni el acceso a un juicio justo, a lo que se suma la creciente militarización de las comunidades rurales, donde el Ejército es ley y para ser tratado como ser humano debes traer uniforme militar; de lo contrario no tienes derechos.

Aseguró que los mecanismos de represión de las luchas sociales son añejos instrumentos que se emplean desde el poder, público y privado, para destruir la organización de las comunidades, aunque enfatizó que ante un creciente clima de violencia hay fenómenos nuevos. “Hoy la represión no sólo la comandan fuerzas policiacas y militares, sino que ha surgido un nuevo actor represor: el narcoparamilitar, que son sicarios al servicio del narcotráfico que matan y torturan a los luchadores sociales”.

Sociedad civil, criminalizada

Al presentar un estudio sobre la represión contra los movimientos sociales en México, Alba García y Jonathan Velasco, del Observatorio de la Conflictividad, de Serapaz, explicaron que en el país prevalece la invisibilidad de los conflictos sociales, lo que propicia condiciones para una escalada social.

Al menos 64 por ciento de los conflictos ocurridos en el primer semestre de 2008 no fueron atendidos por ninguna autoridad, ya que el Estado no intervino o los reprimió, mientras que en sólo 4.6 por ciento de los casos se logró establecer mecanismos de mediación y diálogo.

Enfatizaron que la represión contra las luchas sociales se da por mecanismos selectivos o masivos, y ocurre con mayor frecuencia en entidades con elevada tasa de pobreza y población indígena, y donde existen importantes recursos naturales. Indicaron que en lo que va del año los estados con más casos de represión son Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Morelos.

En el seminario, que concluirá este viernes con una declaración de diversas agrupaciones civiles, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), alertaron sobre el creciente clima de criminalización contra organizaciones civiles y ciudadanos que luchamos contra la imposición y abusos de las trasnacionales, como ocurre con las empresas mineras de Canadá en el municipio de Chicomosuelo, Chiapas, lo que está generando más violencia en nuestras comunidades.

David Valtierra, integrante de la organización y de la emisora comunitaria Radio Ñomdaa –en la Costa Chica de Guerrero–, afirmó que el creciente clima de criminalización de la protesta social ha generado que con mayor frecuencia se asesine a luchadores, disfrazando el crimen como un conflicto intercomunitario que sólo pretende hacer invisibles las graves condiciones de precariedad en el ejercicio pleno de los derechos comunitarios de los pueblos indígenas.

Organizaciones y colectivos en defensa de las garantías individuales de comunidades indígenas, desaparecidos políticos y campesinos asistentes al encuentro en la UAM se pronunciaron por la construcción de una red social que fortalezca la solidaridad y la cultura de la denuncia, ante lo que consideraron una agudización de la represión y la criminalización social en el país.