La Cámara de Diputados aprobó ayer tipificar como terrorismo el robo y venta ilegal de combustibles de Pemex, como establece el artículo 2, inciso I de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al considerar que la sustracción de hidrocarburos pone en riesgo no sólo a instituciones estratégicas, sino a la población. Asimismo, el pleno aprobó castigar con tres a seis años de prisión y una multa equivalente a entre 500 y mil días de salario mínimo a los gasolineros que despachen menos combustible del que se cobra a los usuarios.