Por consenso, el Senado aprobó reformas al artículo 17 constitucional para establecer en la Carta Magna las acciones colectivas, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos puedan interponer en bloque demandas frente a abusos de las empresas privadas y públicas, así como de los particulares en general, que afectan a grandes sectores de la sociedad.

En el dictamen se destaca que el objetivo de dicha reforma es establecer en la norma fundamental las acciones y procedimientos colectivos como medios para la tutela jurisdiccional de los derechos o intereses generales.

Refiere además que mediante la incorporación de tales procedimientos en el ordenamiento jurídico, se dará un paso vital para mejorar el acceso a la justicia de todos los mexicanos y en general de todas las personas que viven en el país, así como hacia la verdadera posibilidad de hacer efectivos muchos derechos que hoy no encuentran una vía adecuada para su ejercicio, protección y defensa, lo que en última instancia coadyuvará en la construcción de un efectivo estado de derecho.

Las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos señalan en los considerandos de la modificación, que las acciones colectivas son instituciones procesales que permiten la defensa, protección y representación jurídica de derechos e intereses de los miembros de un grupo dentro de una sociedad.

Las dictaminadoras señalan que no es posible continuar permitiendo que las violaciones a los derechos de los miembros de nuestra propia comunidad (sean de carácter individual o colectivo) y al sistema jurídico en general sean simplemente toleradas por la falta de medios de acceso a una real justicia.

En el texto de la Constitución se señala la atribución que tendrá el Congreso de la Unión para legislar sobre estos instrumentos de tutela de derechos colectivos, los procedimientos judiciales para hacerlos efectivos en las materias que determinen las leyes, así como los mecanismos de reparación del daño.

Se precisa en la Constitución que los jueces federales tendrán competencia para conocer de tales procedimientos de grupo en los términos que señalen las leyes.

En tribuna, el priísta Jesús Murillo Karam, autor de la propuesta, explicó que durante casi dos años se trabajó en ese dictamen con representantes de consumidores, industriales, comerciantes, gente del gobierno y de las instituciones del Estado, “para encontrar la mejor forma de tutelar las demandas que en el mundo se han llamado acciones colectivas.

Resaltó que sólo México y otro país de Latinoamérica no han legislado en dichas acciones colectivas, que si bien en su inicio generaron conflictos en algunas partes, también se han convertido en una defensa clara y profunda de los intereses fundamentales de cada uno de nosotros como consumidores.