Organizado por el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, el foro Alto al secuestro permitió a académicos, juristas y familiares de víctimas de ese delito apremiar a legislar en la materia.

Como el martes hizo Nelson Vargas, ayer Isabel Miranda de Wallace –cuyo hijo fue asesinado por sus captores– demandó a diputados y senadores que se pongan a trabajar en temas que le competen a la ciudadanía, en lugar de confrontarse por las alianzas electorales.

Coincidió con los legisladores pevemistas en que debe restaurarse la pena de muerte para aplicarla a secuestradores.

En igual sentido, Max Morales Martínez, especialista en liberación de rehenes de secuestro, se pronunció por instaurar la pena capital para quienes perpetran ese delito, y planteó que en la legislación en la materia se señale que los plagiarios extranjeros deberán purgar sus condenas en México.

La investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales María Eloisa Quintero, así como el titular del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, Moisés Moreno Hernández, coincidieron en que la vía del endurecimiento de penas no es la más viable para combatir el secuestro y la delincuencia organizada.

El primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis García López Guerrero, pidió a los legisladores instaurar un sistema integral que no sólo combata el secuestro –delito que ha repuntado–, sino también haga efectivos los derechos consagrados en la Constitución para la protección y defensa de los derechos de las víctimas.

Miranda de Wallace apremió a dictaminar la ley general de protección a las víctimas de secuestro, que un día antes se presentó en el Senado, e insistió en que se debe modificar la Constitución para condenar a muerte en situaciones de emergencia, como la actual. Hay que aplicar esa pena, apuntó, cuando el secuestrado es asesinado por sus captores.

Reiteró su demanda de que sean deducibles de impuestos los rescates pagados a plagiarios.

Contrario a lo anterior, durante su participación en ese foro, el embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, expuso que en su país han tenido éxito medidas como congelar los bienes de los secuestrados, restringir la participación de negociadores y no hacer pago alguno a los plagiarios.

Agregó que la cadena perpetua y la pena de muerte son poco efectivas; en cambio, expuso que pagar a delatores y testigos con el propósito de incentivar la denuncia contra secuestradores, en Colombia ha dado buenos resultados.

El representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para México, Centroamérica y el Caribe, Antonio I. Mazzitelli, señaló que la impunidad, aunada a la corrupción de los cuerpos policíacos, ha hecho crecer ese delito en México.

El panista González Alcocer anunció que la Comisión de Justicia tendrá listo el próximo día 15 el dictamen de la ley general contra el secuestro, con el fin de que sea discutido y, en su caso, aprobado por el pleno senatorial.

Detalló que con la iniciativa que ayer se presentó suman 15 los proyectos que deberán analizarse para integrar uno solo.