El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, advirtió que el Congreso no puede aprobar reformas que lleven a la militarización del país, como pretende el gobierno de Felipe Calderón, e insistió en que debe existir un marco jurídico para que el Ejército pueda actuar de manera temporal en el combate al narcotráfico, pero sin otorgarle facultades extraordinarias relacionadas con la suspensión de garantías.

La petición del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, de que se les permita retener a los narcotraficantes y otros delincuentes capturados más allá de lo señalado en disposiciones legales vigentes, en los hechos es un arraigo militar, que de ninguna forma puede legalizarse, agregó.

Estamos conscientes de que la coadyuvancia de las fuerzas armadas es necesaria para frenar la inseguridad y la violencia provocada por el crimen organizado, pero no vamos a permitir disposiciones que vulneren derechos humanos, que se acerquen a estados totalitarios y menos que aprobemos ninguna simulación en materia de suspensión de garantías individuales.

Añadió que la revelación de Galván de que de los más de 60 mil narcotraficantes detenidos 15 mil son ex militares demuestra que es urgente que los soldados regresen a sus cuarteles.

El senador perredista Tomás Torres, autor de la iniciativa encaminada a legalizar la participación militar en la batalla contra el narcotráfico fijando un plazo definido, aclaró que tal propuesta no implica que se suspendan garantías individuales ni declarar estados de excepción.

Explicó que se propone crear una comisión bicamaral responsable de dar seguimiento a la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.