La controversia constitucional interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) contra las reformas al Código Civil del Distrito Federal que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo no se sustenta en argumentos jurídicos, de derechos humanos ni en el interés superior de la infancia, sino en razones que obedecen a los intereses de la alta jerarquía católica y los grupos de poder vinculados a ésta, afirmó el Observatorio de Familias y Políticas Públicas.

Integrado por 11 organizaciones civiles, el organismo señala que las nuevas disposiciones, que ayer entraron en vigor, corrigen una discriminación previa existente y aseguran que las familias homoparentales tengan certeza jurídica y acceso pleno a sus derechos.

En conferencia de prensa, el observatorio señaló que una vez entrada en vigor dicha reforma, si bien habrá que ajustar y armonizar las reglamentaciones, el principal desafío ahora es cómo vencer las resistencias de una cultura para la cual, excepto la heterosexualidad, nada es normal.