Las fórmulas asimétricas, heterogéneas y complicadas con que se determina la recaudación federal participable y la forma en que se distribuye a las entidades son, de origen, un problema de opacidad. Ello permite que recursos como los remanentes del fondo de estabilización, que en 2009 ascendieron a más de 16 mil millones de pesos y debieron destinarse a programas y proyectos de infraestructura en las entidades, desparezcan de un plumazo, afirmó el director general de enlace interinstitucional de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Emilio Barriga Delgado.

Al participar en el seminario: Propuestas para una efectiva transparencia presupuestaria, organizado por los institutos de Acceso a la Información Pública, federal (IFAI) y capitalino (Infodf), el funcionario comentó que en 2009, con la caída tan dramática que tuvieron las participaciones, estábamos en el entendido de que esos 16 mil millones servirían de alguna manera para compensar esa caída.

Explicó que el tercer informe trimestral de la Secretaría de Hacienda decía que los recursos al 30 de septiembre ascendían a 16 mil 191 millones de pesos. Resulta que en el informe al cuarto trimestre dice que al 31 de diciembre el saldo del fondo es cero pesos. Nos fuimos a ver los anexos, algún apartado que diga dónde están esos 16 mil millones, y no hemos encontrado hasta el día de hoy más que esa frase: el saldo del fondo es de cero pesos.

En su participación, el consejero ciudadano presidente del Infodf, Óscar Guerra Ford, dijo que la evaluación de la información que se publica en los portales de la administración pública del DF en materia de presupuesto es de 87.7 por ciento, mientras la calificación promedio a nivel nacional está por debajo de 56 por ciento.

Al presentar un estudio comparativo de las legislaciones federal y de las 32 entidades federativas en esta materia, resaltó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal ocupa el primer sitio en cuanto a obligaciones que impone a la autoridad para publicar, de oficio, información presupuestal, con un índice de 82.2 por ciento.

La media nacional está en 57.8 por ciento y, según el comparativo, la ley federal está 7.8 puntos por debajo de esa marca, junto con entidades como los estados de México e Hidalgo, con 50 por ciento.

Planteó por ello la conveniencia de crear una ley de transparencia federal que especifique la información que en materia presupuestal deben publicar todas las entidades de los estados y la Federación, estableciendo multas y sanciones por su incumplimiento.