on la entrada en vigor, ayer, de las reformas al Código Civil del Distrito Federal que permiten los matrimonios entre parejas del mismo sexo y les confieren los mismos derechos de que gozan las uniones heterosexuales, incluida la adopción, se asiste a la consolidación de un avance civilizatorio histórico que coloca a la capital del país a la vanguardia nacional e internacional en cuanto a modernidad legislativa y respeto a las libertades individuales. Las reformas comentadas dan un impulso decidido a la adecuación del marco legal vigente con la realidad de una sociedad moderna, plural y diversa, y suprimen una injustificable discriminación legal que castigaba sin motivo alguno a las parejas no heterosexuales.

En un entorno político marcado por una oleada de conservadurismo y por avances significativos de la reacción histórica a escala nacional –como lo demuestra la aprobación, en más de la mitad de las legislaturas estatales, de leyes antiabortistas que obligan al Estado a proteger la vida desde el momento de la concepción–, y frente al alineamiento descarado y sistemático de los encargados de la conducción del país con los intereses de la Iglesia católica –como se vio en las acciones de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de estas reformas, en clara vulneración a la soberanía del Distrito Federal–, la entrada en vigor de las modificaciones legales referidas constituye una bocanada de oxígeno: las nuevas disposiciones contribuyen a despejar algunas de las influencias clericales que aún se manifiestan en las leyes y los códigos de todo el país, y reafirman, en esa medida, el carácter laico de las instituciones y el principio de separación entre la Iglesia y el Estado.

Ciertamente sería erróneo asumir una actitud conformista y de complacencia ante la entrada en vigor de estas reformas, sobre todo cuando el país, con su ciudad capital incluida, se encuentra afectado por rezagos añejos y exasperantes en los terrenos social, económico, político, educativo y de salud pública. Pero es innegable que la aprobación y aplicación de estas normativas son un indicador de que, pese a todo, es posible conducir al país hacia las transformaciones que necesita por vías estrictamente democráticas y legales.

Por último, y sin demeritar la labor realizada por los legisladores que impulsaron y avalaron estas reformas legales en la ALDF y del propio Ejecutivo local, encargado de promulgar estas leyes y de disponer de los mecanismos institucionales y burocráticos necesarios para su correcta aplicación, debe señalarse que este avance constituye una victoria histórica de aquellos sectores de la sociedad civil que han pugnado durante décadas por la equidad de género, los derechos sexuales y reproductivos, la no discriminación y el respeto a la diversidad sexual, cuya lucha ha dado como resultado la ampliación de derechos y libertades, y un avance para el país en materia de soberanía, civilidad, inclusión y tolerancia.