o bastó la sangre de los jóvenes. A un mes de la masacre en Villas de Salvárcar, en Juárez, la respuesta gubernamental y la situación de seguridad en Chihuahua se resumen en dos palabras: parálisis y deterioro.

No han sido suficientes las visitas de Calderón. Tampoco las audiencias del gabinete federal en pleno ni la labor de los comisionados de Los Pinos, ni siquiera el traslado de facto del gobernador a la frontera. No se ha logrado elaborar un plan consensuado, integral, coherente y eficaz para lidiar con la violencia y la fragmentación social que corroen a este estado norteño.

A cuatro semanas del inicio de las mesas de trabajo, de los anuncios de espectaculares inversiones y gastos sociales, de la llegada de cientos de efectivos más a reforzar el operativo conjunto, el pesimismo cunde. No se ha aterrizado ningún presupuesto fuera de lo ordinario para programas de desarrollo social, atención a víctimas, recuperación de espacios públicos o prevención de adicciones. El gobierno federal trata de meter con calzador las demandas sociales al esquema de los programas ordinarios, con sus rígidas reglas de operación, mientras que, muy aparte, el gobierno del estado anuncia sus propias inversiones. Descoordinación de gobiernos; exclusión de la sociedad civil.

El ejemplo más palmario de la parálisis gubernamental lo da la mesa de derechos humanos. Aun cuando han fungido como interlocutores de las organizaciones sociales funcionarios de buen nivel de Segob y Sedena, los avances son nulos. Las y los derechohumanistas tienen que comenzar de cero en cada nueva sesión de trabajo. No hay voluntad política alguna para esclarecer las violaciones de garantías por parte de miembros de las fuerzas armadas ni mucho menos se da razón de los desaparecidos. Es el caso de los jóvenes José Ángel Alvarado Espinoza, Nitza Paola Espinoza y Rocío Espinoza, levantados por militares desde el 29 de diciembre en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Por más pruebas que se aportan, el Ejército siempre niega su participación en la desaparición forzada de los jóvenes y desconoce la existencia de militares plenamente identificados.

Ni siquiera en el aspecto más urgente de la situación, es decir, el de la inseguridad y la violencia, se ha mejorado, a pesar de las grandes declaraciones y programas como Todos somos Juárez, lanzados pomposamente desde arriba. La ola de asesinatos y delitos comunes no ha podido ser detenida. Peor aun, hay una metástasis de la inseguridad a todo Chihuahua. Basten sólo algunos datos:

Hace dos semanas fue asesinado el alcalde del importante municipio serrano de Guadalupe y Calvo, Ramón Mendívil Sotelo. La semana pasada se dio un intenso enfrentamiento entre Ejército y un grupo de sicarios en Jiménez, al sureste de la entidad. El sábado pasado, en la ciudad de Chihuahua, hubo otro intento de juvenicidio cuando un comando atacó a un grupo de estudiantes universitarios y de bachillerato mientras celebraban una fiesta, con saldo de un muerto y varios heridos. Continúan los secuestros, extorsiones y carjackings, es decir, robo de vehículos a mano armada.

Por si fuera poco, retornan las agresiones a activistas sociales. El lunes primero por la noche fue asesinado en su despacho Ernesto Rábago Martínez, compañero de la abogada Estela Ángeles, quien ha conducido con éxito la defensa jurídica de los derechos agrarios de las comunidades rarámuris de Bakeachi y Wawachérare, en el municipio de Carichí. Pocos días antes había sido herida de bala la hija de la abogada. Ambas agresiones, aunque se atribuyan oficialmente al crimen organizado, por la forma en que fueron perpetradas y el tipo de arma utilizada, puede pensarse que, más bien, proceden de los caciques regionales, cobijados en el ambiente de violencia e impunidad que vive el estado.

Mientras en la base de la sociedad, y en sus partes medias, las personas resienten todos los días el impacto de la violencia y de la inseguridad, las elites política y económica de Chihuahua se apelmazan. El mejor síntoma de la decadencia es que, ante la emergencia, no son capaces de articular una nueva orientada al interés general. Sus planteamientos son tan simplistas como ineficaces y sus actitudes no van más allá de asegurar la reproducción de su grupo de interés, de su negocio o de su familia. Cuando la situación exige creatividad, generosidad, audacia, compromiso con todos, no dejan de pensar más que en las manidas fórmulas para sacar provecho del barco que se hunde.

En este contexto, el fin de las precampañas para gobernador y la postulación o elección de los candidatos de los diferentes partidos se ve ajena, distante, divorciada de las angustias cotidianas del pueblo. En medio de esta normalidad democrática, lo que se votará el próximo 5 de julio es quién va a ser el ingobernador de Chihuahua.

In memoriam. Carlos Montemayor, estudioso y defensor de lenguas y de los pueblos que las hablan.