escaradamente zambullidos en la grilla electoral, a los autodenominados dirigentes se les ha olvidado la profunda crisis económica y social que padece el país, la más profunda en casi ocho décadas. Cerró 2009 con un espeluznante resultado, pero con la rapidez de un rayo decretaron que lo peor ya pasó, pues lo único importante para ellos es quedarse con el mayor número posible de las diez gubernaturas en juego durante este 2010, y de pasadita con las diputaciones y ayuntamientos que, se supone, están en disputa.

Nadie atiende la emergencia, la creciente pobreza, el desempleo a galope, la pérdida del poder adquisitivo y el resto del inclemente panorama económico y social. El modelo económico se agotó, y la solución de los desequilibrios actuales va más allá de reformas que únicamente busquen remendar algunos hoyos; debemos modificar el marco institucional de manera integral para lograr superar la crisis estructural en la que vivimos. Para enero del presente año los primeros resultados no son halagüeños, principalmente porque tanto la tendencia del desempleo como su variación anual dieron un salto al alza importante, en el primer caso se traduce en que ello no necesariamente fue en efecto estacional y de coyuntura, como bien advierten José Luis de la Cruz Gallegos y Carlos Canfield Rivera, investigadores del ITESM, campus estado de México, en sus Perspectivas económicas 2010, de las que tomamos los siguientes elementos.

La actual situación de la economía mexicana sintetiza la debilidad de las reformas estructurales implementadas durante los últimos 30 años. La ausencia de crecimiento económico, de generación de empleo bien remunerado, la ineficiencia del gasto público, así como la debilidad del mercado interno y la elevada dependencia que se tiene respecto al ciclo industrial de Estados Unidos constituyen la evidencia de la imperante necesidad que se tiene por realizar modificaciones profundas en el modelo económico del país. Evidentemente es requerida una nueva estrategia de desarrollo, donde la participación social se encuentre debidamente ponderada y no sea limitada por los vínculos del poder e intereses que se han procreado en el propio sistema. La profundidad de la crisis, la negación de la misma y el escaso alcance de las medidas que se implementaron para enfrentar el problema plantean un escenario con dudas razonables sobre la posibilidad de obtener resultados diametralmente distintos a los actuales, si antes no se realiza una nueva generación de reformas que tengan un verdadero contenido social.

No existen indicios para pensar que a corto plazo habrá una salida al problema de la pobreza, mientras no se genere una nueva serie de reformas estructurales donde el debate de fondo verse sobre cuál debe ser el verdadero sentido de las modificaciones, hacia dónde, para qué. En líneas generales parece claro que el crecimiento económico requiere cambios estructurales que permitan crear nuevas empresas, empleos bien remunerados y una forma de gobierno con un profundo compromiso social, político y de seguridad nacional. La crisis de 2009 y las secuelas que se viven en el presente año ponen de manifiesto que ya no pueden realizarse cambios coyunturales que no estén asociados a un programa de mediano y largo plazos, que a su vez tenga como objetivo garantizar la sustentabilidad de los equilibrios sociales de México. La mejor muestra lo representa la aprobación del paquete fiscal que se ejerció en 2009 y el que se ha comenzado a ejecutar en 2010.

Con los resultados del PIB y del ejercicio de las finanzas públicas en 2009, puede afirmarse que la caída de 6.5 por ciento fue la mayor en 76 años, y que, salvo en el caso de Pemex, en general el sector público no fue capaz de ejercer el presupuesto aprobado para inversión física, siendo incluso inferior al de 2008. Derivado de lo anterior, se tiene la cancelación o diferimiento en la construcción de puertos, carreteras o refinerías, dejando únicamente en la paraestatal petrolera el peso de la mayor parte del gasto en inversión física.

Sin una estrategia bien aterrizada se aprobó el paquete fiscal 2010. Las modificaciones realizadas dieron paso tanto a la creación e incremento en impuestos, y el aumento de precios de bienes y servicios que son esenciales para la actividad productiva y la vida diaria de los mexicanos: gasolina, diesel, electricidad y tortillas, por citar algunos. La aplicación de dichas medidas se dio en un entorno donde la economía no ha terminado de salir de una profunda crisis, y los resultados que en materia de empleo se han registrado sin lugar a dudas reflejan el daño que la población ha recibido desde el inicio de la misma, y los cuales ahora son exacerbados por las medidas de política adoptadas por el sector público mexicano.

La evidencia estadística disponible en enero del presente año ya hace evidente que la estimación de que dichas modificaciones no repercutirían en la inflación fue equivocada, porque entonces deberían existir disminuciones en los precios de otros bienes y servicios que compensen los aumentos, fuertes incrementos en productividad o que los empresarios y trabajadores estén dispuestos a asumir los costos que la inflación implica: los primeros disminuyendo sus ganancias, y los segundos recibiendo un salario real inferior al del año pasado, algo que si bien representa control de la inflación, también se traduce como una merma en el bienestar, lo que no ocurrirá, especialmente en el caso de las empresas.

Ocurre lo mismo con el nulo margen que tienen las familias para recortar sus ingresos y gastos sin afectar su calidad de vida. Basta recordar que la pobreza aumentó aún antes de la crisis, afectando directamente a la mitad de la población. Por tanto, parece claro que una baja en los salarios reales y fallas en la provisión de servicios públicos (salud, seguridad social o educación) provocarían que alrededor de 80 millones de mexicanos se vean envueltos en problemas de pobreza, algo que el aumento impositivo, la inflación y la ineficiencia del gasto público pueden hacer realidad.

Las rebanadas del pastel

Marcial Maciel resultó más repugnante y hediondo que el canal de La Compañía, pero a los Millonarios de Cristo –defensores del pedófilo– sólo los escandaliza la cantidad de dinero que habría pedido una de las víctimas.

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