La comparecencia del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, ante la comisión del Senado que da seguimiento al conflicto en Cananea dejó en claro la manipulación legal que está haciendo el funcionario en los conflictos laborales, pues reconoció abiertamente que él puede anticipar lo que van a resolver y dictar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y otras instancias legales, sostuvo el secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Fernando Amezcua.

No tuvo pudor para señalar que se utilizó la figura de fuerza mayor tanto para acabar con la contratación colectiva de los mineros de Cananea como para extinguir Luz y Fuerza del Centro (LFC), es decir, lejos de tener razonamientos técnicos o económicos, el gobierno federal utilizó una treta legaloide para acabar con gremios que no quiere, expuso el dirigente en conferencia de prensa.

Resulta abrumadora –señaló– la evidencia antisindical que mostró Lozano, y es indignante que diga que por ser abogado puede anticipar las resoluciones de las instancias de justicia laboral, cuando más bien éstas –como la JFCA– responden a la órdenes del funcionario, que ya se convirtió en juez y parte en los conflictos sindicales y nunca en intermediario de los mismos, sostuvo Amezcua.

Por si fuera poco –agregó–, ahora resulta que para el secretario del Trabajo es una propuesta indecorosa que las organizaciones demanden el pago de daño moral; no le interesa ni respeta las decisiones de los trabajadores tomadas en asambleas, además de que no tiene pruebas de sus acusaciones, como la que repite de que Napoleón Gómez Urrutia pidió 100 millones de dólares para levantar la huelga de Cananea, ni de sus afirmaciones de que hubo robos y saqueo en esa mina, y menos tiene argumentos objetivos para sostener que fue causa de fuerza mayor el despido de los electricistas, pues la materia de trabajo subsiste.

El mensaje que deja Lozano es que este gobierno tiene –como una estrellita en la frente– el objetivo de ir por los grandes negocios, pasando por encima de los trabajadores. Por ejemplo, el de las telecomunicaciones –en la zona centro del país– es de casi 6 mil millones de dólares al año; de ese tamaño son los intereses que hay detrás de la desaparición de LFC. En tanto, en todo el país el negocio de la CFE es de 21 mil millones de pesos anuales, indicó.

Junto con el líder del SME, Martín Esparza Flores, Amezcua dio a conocer la agenda de actividades de este gremio en los próximos días. Señalaron que además de seguir preparando la huelga nacional para el próximo 16 de marzo –fecha en que colocarán las banderas rojinegras en todos los centros de trabajo, estaciones y subestaciones de LFC–, continuarán apoyando a los mineros de Cananea.

Hoy sale un camión rumbo esa ciudad sonorense con trabajadores del SME, representantes de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, del Frente Sindical Mexicano, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical y de organizaciones estudiantiles universitarias, quienes van a respaldar la lucha de los trabajadores en huelga y a realizar ahí una convención rumbo al paro cívico nacional.