l viernes pasado, en el contexto del informe de actividades 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, dijo que el crimen organizado representa la mayor amenaza a las garantías individuales en el país, y que por ello se le debe combatir con toda la fuerza del Estado. Subrayó, a renglón seguido, que su administración ha trabajado con desaciertos o con errores que son concomitantes a cualquier institución formada con humanos, por la vigencia de las leyes y el estado de derecho.

Las declaraciones tienen como telón de fondo insoslayable un conjunto de señalamientos críticos, realizados por diversos actores políticos, académicos y de la sociedad organizada, sobre la improcedencia de mantener a los efectivos militares en tareas de seguridad pública que, como el propio Calderón reconoció durante el informe de la CNDH, tendrían que ser desarrolladas por corporaciones estrictamente civiles. En percepción de la opinión pública, esa medida no sólo no ha contribuido a restablecer la seguridad y el estado de derecho, sino que ha planteado un escenario propicio para la violación sistemática e impune de las garantías individuales por efectivos castrenses desplegados en distintos puntos del territorio nacional. Son significativos, al respecto, los señalamientos formulados durante el mismo acto por el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, en el sentido de que ha habido un incremento notable en las quejas por la actuación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, al grado de que en 2009 la Secretaría de la Defensa Nacional fue la dependencia gubernamental contra la cual se presentaron más denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, y la que acumuló, también, más recomendaciones por parte de ese organismo público autónomo.

Con estas consideraciones, es claro que las afirmaciones presidenciales encierran una distorsión inadmisible respecto de las responsabilidades del gobierno en materia de derechos humanos. Como lo señalaron ayer diversos organismos humanitarios en reacción al discurso presidencial, dicha distorsión no sólo implica un manejo conceptual equívoco e impreciso del tema –habida cuenta de que las violaciones de las garantías individuales están intrínsecamente relacionadas con las acciones u omisiones del Estado, no a las actividades de los grupos delictivos–, sino también un empeño por trasladar a las organizaciones criminales la responsabilidad última por el estado de deterioro y abandono en que se encuentra la vigencia de los derechos fundamentales en el país.

Si es verdad, como señala Calderón, que su gobierno tiene un compromiso con la vigencia de la legalidad y el estado de derecho, tendría que comenzar por reconsiderar la presencia del Ejército en las calles, y por frenar la impunidad de que han gozado hasta ahora –cobijados por el fuero militar– los efectivos castrenses señalados por cometer abusos contra las garantías de la población. Por el contrario, el gobernante parece empeñado en otorgar cobertura legal a una situación a todas luces irregular –la presencia de las fuerzas armadas en tareas que no le corresponden–: no otra cosa son sus llamados a dar un marco de certidumbre a los uniformados acerca de los actos que pueden o que no pueden realizar en la lucha contra el crimen, mediante la aprobación de la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional.

Por lo demás, los señalamientos formulados anteayer por el jefe del Ejecutivo pasan por alto los indicios documentados de la operación –de manera paralela al desarrollo de la guerra contra el narcotráfico o incluso implícita dentro de ésta– de grupos de limpieza social en distintos puntos del territorio, así como la persistencia de agrupaciones paramilitares consagradas a las tácticas de contrainsurgencia en el sureste mexicano. Tales expresiones, algunas de ellas inveteradas, constituyen también una seria amenaza a los derechos humanos y sería inadecuado reducirlas a simples vertientes del crimen organizado.

En suma, el pretendido interés de Calderón en los derechos humanos carecerá de verosimilitud ante la sociedad en tanto su gobierno no reconozca que las amenazas a las garantías individuales trascienden el ámbito de la delincuencia organizada y recaen en terrenos que corresponden a las responsabilidades y atribuciones del Estado mexicano.