Cancún, QR, 6 de marzo. La Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) detectó que recursos federales del programa Servicio Nacional de Carrera por casi un millón de pesos fueron desviados a las cuentas bancarias personales de dos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, y más de 600 mil pesos fueron destinados a comprar un vehículo que utilizaba en forma personal el secretario particular del titular del área.

De acuerdo con informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2008, de un fondo de un millón 45 mil pesos se verificó que indebidamente se realizó el pago de las órdenes de retiro por 476 mil 800 pesos, pues el recurso fue pagado directamente por la fiduciaria a las cuentas bancarias del director general del Instituto de Profesionalización de la Seguridad Pública (Ignacio Moreno Mejía) y al coordinador de planeación y evaluación del Instituto de Profesionalización de la Seguridad Pública (Marco Antonio Valencia Blanco) respectivamente, sin justificar las causas del acto.

Éste recibió otras órdenes de pago por 221 mil 600 pesos y por 300 mil pesos, las cuales fueron también a su cuenta personal sin justificación alguna.

La ASF también detectó un probable daño a la hacienda federal por 613 mil 750 pesos por la adquisición de vehículos que se asignaron al secretario particular del titular de Seguridad Pública de Quintana Roo, que no realizan las funciones para las que fueron adquiridos.

El informe de la ASF también destacó que la dependencia estatal realizó adjudicaciones directas de obras por casi dos millones de pesos sin presentar justificación que acredite que dicha adjudicación se realizó de conformidad con los montos máximos que establece la normativa aplicable.

También se hizo mención de 3.7 millones de pesos gastados sin presentar documentación que compruebe su destino, y 106 mil pesos destinados a programas de seguridad que se gastaron en hospedaje, alimentación y traslado.

Investigan a funcionarios

El secretario estatal de Seguridad Pública, Miguel Ángel Ramos Real, reconoció que hay funcionarios investigados por la ASF debido al probable mal uso de recursos federales y aseguró que no se protegerá a nadie que haya cometido delitos.

El informe de la ASF muestra que la Secretaría de Seguridad Publica de Quintana Roo adjudicó en forma irregular contratos por más de cinco millones de pesos a empresas que realizaron las evaluaciones médicas y análisis toxicológicos de sus agentes.

La ASF destaca que la dependencia estatal no estableció criterios claros para reclutar personal en la lucha contra el narcomenudeo, y en el caso de la Procuraduría General de Justicia del estado, directamente no designó ningún personal para esa tarea.

Según el documento, se ejercieron recursos de origen federal por cinco millones 166 mil pesos, para el pago de evaluaciones médicas y toxicológicas aplicadas al policía preventivo en activo y al agente preventivo municipal en activo, los que fueron adjudicados sin que se hayan sujetado al procedimiento de licitación pública, y contratación que establece la normativa local aplicable.

La adjudicación se hizo en favor de la empresa Laboratorios de Análisis Clínicos y Especialidades de Referencias.

Por esa irregularidad, la ASF promovió que se lleve adelante un procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los responsables. Durante el periodo fiscalizado estaba al frente de la SSP Salvador Rocha Vargas, actualmente preso por supuestos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.

En la próxima rendición de cuentas, la de 2009, el estado de Quintana Roo deberá presentar el informe sobre la ampliación de la cárcel de Cancún, en la cual se pagó un sobreprecio de tres millones de pesos y fue adjudicada a presuntos parientes del capo del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes.