Las pláticas y cabildeos entre el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, y las bancadas de PRI, PAN y PRD en el Senado se han intensificado, con miras a llegar a un acuerdo en este periodo de sesiones en torno a un nuevo marco jurídico que legalice la participación del Ejército en el combate al narcotráfico, de manera temporal y cuidando que se respeten las garantías individuales de la población.

Los senadores del PRI tuvieron ya una primera reunión con el titular de la Sedena, mientras un grupo de perredistas, encabezados por Carlos Navarrete, se encontrará con él este martes, y lo mismo harán los del PAN en los próximos días.

El panista Santiago Creel Miranda expuso que, por principio, los legisladores tienen que definir con precisión y claridad la situación jurídica constitucional de las fuerzas armadas del país, particularmente aquello que está vinculado a la seguridad interior y a la seguridad pública”.

El paso siguiente –dijo– es establecer las bases para que las corporaciones policiacas, estatales y municipales, que en la actualidad están debilitadas puedan empezar un proceso de reorganización, fortalecimiento, capacitación, equipamiento y todo aquello que se hace necesario para poder afrontar con éxito el combate al crimen”.

Detalló que “la transitoriedad con que deben operar las fuerzas armadas en materia de seguridad interior se debe discutir una vez que los dos pasos anteriores se hayan dado, porque el Ejército sólo podrá regresar a los cuarteles cuando se cuente con una policía capaz y confiable para ocuparse de enfrentar a los cárteles de la droga”.

Interrogado sobre la propuesta de su homólogo perredista Tomás Torres, de establecer a los militares tres años como límite en tareas de seguridad pública, el ex secretario de Gobernación respondió que más que plazos, los senadores tienen que plasmar en la legislación las condiciones mediante las cuales se vayan disparando esos plazos, porque no se puede restablecer por decreto la fortaleza del sistema policiaco.

La nueva legislación –precisó– podría darse con base en la Ley de Seguridad Nacional –propuesta por Felipe Calderón–, por lo que se tendrá que modificar o crear nuevas leyes.

Asimismo, coincidió con el general Galván en que además de modificar el marco legal con que opera el Ejército, se requieren acciones gubernamentales para que la batalla contra las bandas criminales sea integral.

Es decir, debemos ver qué pasa en la frontera, las aduanas y migración, así como el lavado de dinero, además de revisar lo que ocurre con la cooperación internacional; y del lado de la prevención, qué se está haciendo para frenar el consumo de droga.

A su juicio, la información que ha trascendido en relación con que de los más de 60 mil narcos detenidos, 15 mil son ex militares, amerita una reflexión seria sobre qué está sucediendo para que elementos de las fuerzas armadas pasen a ser parte del crimen organizado del país.

No quiero adelantar porque esto amerita una reflexión seria, pero habría que ver si tiene que ver con la situación económica o con otras causas de organización.