De 244 agresiones a la libertad de expresión perpetradas en México durante 2009, 160 (65.57 por ciento) las cometieron funcionarios públicos; en 14.34 por ciento de los casos no se pudo identificar a los responsables y sólo 6.15 por ciento se relacionaron con la delincuencia organizada, aseguran el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Artículo 19 en su más reciente informe en la materia.

Ambas organizaciones no gubernamentales censuraron las afirmaciones de Felipe Calderón pronunciadas durante el informe anual de labores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el viernes, de que el crimen organizado es la mayor amenaza para los derechos humanos y la prensa.

Si bien los grupos del crimen organizado son presuntos responsables de una parte de los ataques contra periodistas, en particular los más violentos, las estadísticas muestran que los principales culpables de las agresiones contra este gremio son funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado.

Resaltaron que las responsabilidades del Estado mexicano en materia de libertad de expresión no sólo abarcan su abstención de interferir directamente en la práctica de este derecho, sino también garantizar la seguridad jurídica e integridad física de quien lo ejerce y, ante cualquier ataque, investigar y sancionar a los responsables, así como reparar el daño a la víctima.

Recordaron a Calderón que los delitos cometidos por el crimen organizado no pueden ser considerados violaciones a los derechos humanos, pues sólo el Estado puede incurrir en estas faltas.

El director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, detalló que el Estado, por conducto de sus instituciones, tiene la obligación de proteger las garantías fundamentales: no puede lavarse las manos. Está obligado a respetar y proteger contra violaciones (...) que cometan terceros.

Subrayó que el gobierno también tiene la obligación de generar las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad de prensa y la promoción y garantía de todos los derechos humanos.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, aseveró que con sus declaraciones el titular del Ejecutivo intenta desviar la gravedad de las violaciones a derechos fundamentales, muestra de lo cual es el reducido número de recomendaciones de la CNDH cumplidas.

Calderón intentó eliminar la responsabilidad del Estado, que es el que debe garantizar la seguridad y justicia para las personas.

Sostuvo que el aumento de quejas contra el Ejército confirma que las fuerzas castrenses cometen más abusos en la guerra contra el narcotráfico emprendida por la administración calderonista y que siguen en la impunidad los soldados infractores.