Los beneficios económicos a las grandes empresas y sectores productivos que cada año restan al erario nacional la posibilidad de recaudar más de 500 mil millones de pesos –monto que representa 4 por ciento del producto interno bruto– serán cuantificados y revisados por vez primera en la Cámara de Diputados, con el propósito de terminar con la opacidad del Ejecutivo federal en el manejo del llamado presupuesto de gastos fiscales (PGF).

El pleno de la Cámara dio entrada al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Ingresos para el año fiscal 2010, elaborado por la comisión especial encargada de revisar el PGF, cuya conclusión resalta una crítica a los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN):

“A pesar de que en los 10 años de gobiernos del PAN los precios del petróleo se han ubicado en niveles históricamente elevados y de que a lo largo de la década la economía de Estados Unidos –salvo el año pasado– creció, los recursos no les alcanzan. La razón es simple: el incremento del gasto corriente ha sido desbordado y el aumento de plazas con altos salarios en los mandos medios y superiores se ha multiplicado de manera escandalosa, mientras el subejercicio de gasto se manifiesta de manera preocupante en sectores directamente relacionados con la inversión y la creación de infraestructura.”

Sebastián Lerdo de Tejada (PRI), presidente de dicha comisión, refiere en la exposición de motivos que la opacidad es el atributo principal que rodea el PGF y su falta de transparencia no sólo se plasma en la falta de información sobre el monto que se aprueba año tras año, sino se vincula con la carencia de información sobre los objetivos, beneficios y beneficiarios que lo integran.

Resulta claro que mientras para el Ejecutivo el PGF es sólo uno más de los instrumentos de análisis dentro de la discusión del paquete económico anual, para el Legislativo debe convertirse en eje de la toma de decisiones para el otorgamiento o no de beneficios fiscales de cualquier tipo. Hay un margen de discrecionalidad del Ejecutivo que debe transparentarse; es más, el conjunto del PGF debe ser sometido a revisión y evaluación en cuanto a su costo-beneficio y a los resultados que se tengan en materia económica y social, para en su caso quienes tienen la facultad de hacerlo propongan iniciativas de ley que corrijan las desviaciones del sistema fiscal mexicano.

El PGF, pese a su importancia por el monto que representa, carece de un marco normativo adecuado que regule su proceso de aprobación, objetivos, ejercicio y control del mismo.

Tal presupuesto, cuya magnitud para 2010 se estima en más de 500 mil millones de pesos, equivalentes a aproximadamente cuatro puntos PIB –fue implícitamente aprobado para 2010–, se podrá conocer hasta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo haga del conocimiento del Congreso, a más tardar el 30 de junio de este año.

La comisión legislativa establece cuatro líneas centrales para vigilar y, en su caso, aprobar los cambios previstos en la propuesta: vincular el PGF con la aprobación anual de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; establecer el marco normativo para evaluar los resultados de cada uno de los componentes del PGF, en particular su impacto económico y social; iniciar esa evaluación desde este año, a fin de contar con esos elementos en el análisis de los demás temas que deben componer la reforma hacendaria, y comenzar la vinculación en el análisis, discusión y aprobación del paquete económico 2011.

De tal forma, por vez primera se incluirá en la ley de presupuesto la definición del PGF: es el monto anual que con un objetivo económico o social deja de recaudar el erario federal por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos; exenciones; subsidios y créditos fiscales; condonaciones; facilidades administrativas; estímulos fiscales; deducciones autorizadas; tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal y cualquier otro concepto que autorizado en alguna ley federal signifique una disminución en la recaudación del erario federal.

De las aportaciones que elaboró la comisión especial para vigilar y fiscalizar el PGF, destacan las siguientes:

Artículo 119. El Ejecutivo federal, por conducto de la SHCP, estará a cargo de la programación del presupuesto de gastos fiscales. El control y evaluación de dicho gasto corresponderán a la Secretaría y a la Función Pública en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, en su Informe del resultado de la revisión de la cuenta pública, deberá incluir un apartado específico con la evaluación del ejercicio, objetivos y metas del PGF.

Artículo 120. El PGF se elaborará con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica y social, acompañados por sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, al igual que sus objetivos, estrategias y metas anuales, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo, y los programas que derivan del mismo incluirán lo siguiente:

Los criterios de política en materia de gastos fiscales; objetivos anuales, estrategias y metas; beneficios económicos y sociales esperados en términos medibles y cuantificables, y proyecciones de los recursos que el erario federal dejará de percibir por los diferentes conceptos que integren el PGF.