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Perredistas rechazan cambios: Luna
 
Periódico La Jornada
Jueves 11 de marzo de 2010, p. 31

La Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tiene listo el proyecto de dictamen para la nueva ley de establecimientos mercantiles, en el que se plantea la ampliación de horarios de bares y centros nocturnos de la ciudad de México hasta las cinco de la mañana, con restricción de venta de bebidas alcohólicas media hora antes del cierre.

Sin embargo, aún no existe consenso para aprobarlo en los términos actuales, pues el tema mantiene divididos a los diputados en el órgano legislativo, incluidos los del grupo parlamentario del PRD, que son mayoría.

El legislador perredista Leonel Luna aseguró que es un planteamiento que está en análisis, pero gran cantidad de diputados están en contra, por lo que promoverán que no se haga ninguna modificación en la Ley de Establecimientos Mercantiles.

Es importante que revisemos los datos que tiene la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en materia de accidentes automovilísticos, riñas, en materia de violencia hacia los mismos jóvenes, y asumir una actitud responsable para evitar que esto se amplíe, consideró el legislador.

Inclusive, expuso que habría que valorar si en aras de hacer competitiva a la ciudad de México en este rubro se debe poner en riesgo la vida y salud de muchos jóvenes. Estaríamos en una contradicción terrible, porque por un lado generamos prevención de adicciones y programas que eviten el alcoholismo, y por otro lado ampliamos los horarios para que este consumo se pueda llevar durante más tiempo y en más cantidades, señaló.

A este rechazo se sumaron tres de los cinco diputados de la bancada del Partido del Trabajo, Arturo López Cándido, Ana Estela Aguirre y Juan Pablo Pérez.

El jefe delegacional de Álvaro Obregón, Eduardo Santillán Pérez, consideró que no sólo se trata de un problema de horario, sino que deben existir licencias especiales para establecimientos de alto impacto.

Santillán Pérez, cuya administración era responsable de verificar el funcionamiento del bar en el que fue agredido Salvador Cabañas, se pronunció por cobrar a los antros un impuesto especial de dos o tres por ciento.