n el segundo día de discusiones en la Cámara de Diputados en torno al acuerdo firmado en octubre pasado entre los dirigentes nacionales del PRI y el PAN –Beatriz Paredes y César Nava–, los integrantes de las bancadas tricolor y blanquiazul protagonizaron un espectáculo bochornoso y lamentable, que constituye un factor de agravio para sus representados y que deja entrever el colapso y la precariedad política que afecta a esa instancia legislativa.

A contrapelo de los llamados a preservar el respeto institucional que suelen acompañar los discursos del oficialismo, los legisladores del binomio partidista que cogobierna de facto en el país hicieron prevalecer los insultos, los gritos, los reclamos y las descalificaciones por encima de la civilidad y el diálogo, y confirmaron la percepción de amplios sectores de la sociedad de que carecen de los méritos y del oficio político necesarios para presentarse como representantes de los intereses de la ciudadanía: antes bien, el ríspido episodio de ayer, en adición al que se presenció el pasado martes en esa misma instancia legislativa, presentan una radiografía demoledora de una clase política logrera, carente de principios, consagrada a la obtención de los privilegios del poder y del dinero, ajena a las reivindicaciones populares y a los intereses nacionales y, para colmo, desprovista de los modales necesarios para ocupar las máximas instituciones del país.

A los intentos de cada facción por defender un acuerdo político ominoso e injustificable –porque se suscribió de espaldas a la ciudadanía y porque concluyó con el aval de una cascada de incrementos impositivos en perjuicio de las mayorías depauperadas–, se sumó ayer la lamentable pobreza argumentativa de ambas partes: desde el empleo de descalificaciones burdas, inaceptables y hasta homofóbicas –como la formulada por el vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Óscar Levín, en el sentido de que la alianza electoral entre el PRD y el PAN es pervertida, casi gay (sic)–, hasta la disposición manifestada tanto por Paredes como por Nava a someterse al polígrafo, o a cualquier tipo de prueba, a fin de saber quién miente, como si no fuera meridianamente claro que ambos institutos políticos engañaron, con la suscripción del convenio referido, a sus respectivos electores y a la sociedad en su conjunto.

Desde una perspectiva más general, los penosos desmanes observados ayer en el recinto legislativo de San Lázaro exhiben una institucionalidad política socavada desde adentro y colocada en una nueva escala de descomposición y deterioro por quienes supuestamente debieran resguardarla. Tal descomposición, ciertamente, no se originó ayer, ni se circunscribe únicamente al ámbito del Legislativo; ese proceso se hizo particularmente visible a raíz de los comicios presidenciales de 2006, y al día de hoy afecta por igual al Poder Ejecutivo, a las autoridades electorales, a las instancias de procuración e impartición de justicia y a los órganos autónomos del Estado, por mencionar las instituciones más destacadas.

Por último, es de llamar la atención que los involucrados en este episodio se empeñen en justificar sus acciones con el argumento de que éstas obedecen a un pretendido interés por garantizar la gobernabilidad –así lo dijo anteayer la propia Beatriz Paredes y lo reiteró ayer mismo el titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien fungió como testigo de honor en la firma de ese acuerdo, secreto por impresentable– cuando las actitudes comentadas contribuyen justamente a lo contrario: como se señaló ayer en este mismo espacio, resulta difícil imaginar una mejor vía para dañar la estabilidad política del país, de suyo precaria, que abonar al hartazgo y la desconfianza de la ciudadanía respecto de sus representantes y sus gobernantes. Frente a estos elementos, cabe preguntarse si el presente episodio no derivará en un estado de ánimo popular similar al que se manifestó en Argentina en 2001, y que se vio reflejado en la consigna que se vayan todos.