a celebración de los primeros matrimonios homosexuales en el Distrito Federal, ayer en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, constituye un hecho histórico por varios motivos: refleja un avance civilizatorio que coloca a la capital del país a la vanguardia nacional e internacional en materia de modernidad legislativa y respeto a los derechos de las minorías; brinda un impulso decidido a la adecuación del marco jurídico vigente ante la pluralidad y diversidad de la sociedad citadina, y elimina de los ordenamientos legales capitalinos una práctica discriminatoria injustificada en perjuicio de individuos, parejas y familias.
Por añadidura, el hecho comentado revindica la soberanía de los individuos sobre sí mismos en lo que respecta a temas cruciales de la vida –y que deben mantenerse, por tanto, al margen del control de cualquier autoridad, sea secular o religiosa–, como la identidad, la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo, las preferencias sexuales, las creencias y las relaciones afectivas.
Esta circunstancia ha agitado el avispero del conservadurismo, fortalecido por el avance reciente, en buena parte de las legislaturas estatales del país, de reformas que criminalizan a las mujeres que deciden abortar, y por el alineamiento sistemático y lamentable de las autoridades federales con la reacción. Así lo muestra, entre otras cosas, el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas que fueron avaladas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el pasado 21 de diciembre.
Como señaló ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar –pese a que es evidente que la PGR carece de argumentos propiamente legales para sostener, de cara a la sociedad, su oposición a los matrimonios homosexuales–, corresponderá al máximo tribunal determinar la validez constitucional de estas modificaciones y emitir, en consecuencia, un fallo que resultará, desde el punto de vista jurídico, inatacable.
La SCJN tiene ante sí una nueva oportunidad de reparar en alguna medida el daño que ha causado a su propia imagen con el historial de fallos vergonzosos emitidos por sus magistrados en ocasiones anteriores, entre los que se encuentran el aval al juicio de desafuero del ex jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador; la inexplicable absolución del gobernador de Puebla, Mario Marín –luego de que fue pública e inocultable su participación en una conjura para atentar contra la periodista Lydia Cacho–, y la aprobación del sistema vigente de pensiones del ISSSTE, que constituye un atropello para los trabajadores del Estado y un injustificable regalo a los bancos.
Ante la evidente falta de voluntad del gobierno federal para dar marcha atrás en una actitud que constituye un agravio al DF y a sus habitantes, y un acto de abierta discriminación contra los homosexuales, cabe esperar que los ministros de la SCJN actúen con altura de miras, comprendan la trascendencia del fallo que deberán emitir y logren evitar un triunfo de la reacción gobernante y un nuevo atropello a las libertades individuales, al laicismo del Estado y a la credibilidad de las instituciones.
