Un tribunal colegiado ordenó este miércoles a la Procuraduría General de la República (PGR) que en un plazo de 24 horas –que comenzarán a contar una vez que la dependencia reciba la notificación oficial– cumpla con una sentencia de amparo que determinó inconstitucional el aseguramiento de diversas cuentas bancarias del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

En su resolución, los tres magistrados del primer tribunal colegiado penal de la ciudad de México se pronunciaron en el sentido de que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) violó la sentencia de amparo emitida por el juzgado quinto de distrito, al haber afirmado dogmáticamente (sin prueba alguna) que el dinero podría ser empleado por los mineros para adquirir narcóticos, según el expediente RP 94/2009, al que tuvo acceso La Jornada.

“No hay duda y es evidente que la PGR tiene la consigna de mantener un aseguramiento de las cuentas del sindicato minero para impedir la manutención de los trabajadores en huelga en las minas de Cananea, Taxco y Sombrerete”, indicó ayer Luis Campos Carriedo, integrante del bufete Del Toro Asociados, el cual encabeza la defensa del líder minero Napoleón Gómez Urrutia.

En su edición del pasado 25 de febrero, este diario reveló que la fiscalía antilavado de dinero de la PGR respondió al juzgado quinto de distrito de amparo –que en tres ocasiones había ordenado descongelar diversas cuentas del sindicato minero– que no podía cumplir el mandato judicial, supuestamente porque si liberaba el dinero los trabajadores podrían utilizarlo para adquirir narcóticos.

Ese juzgado avaló el dicho de la SIEDO, por lo que unas seis cuentas bancarias a nombre del gremio, que amparan inversiones millonarias, continúan aseguradas.

Sin embargo, los abogados de Gómez Urrutia, en representación del sindicato, impugnaron el aval que dio ese juzgado a la fiscalía, mediante un recurso de inconformidad que recayó en el primer tribunal colegiado penal, el cual ayer emitió su resolutivo a favor de los quejosos.

Campos Carriedo expuso ayer que el sindicato minero y sus abogados se encuentran muy atentos a lo que haga SIEDO y se procederá a demandar por daños a los funcionarios de dicha dependencia de PGR por los abusos en que incurran.