Desde el inicio de su administración, el presidente Felipe Calderón ha presentado al Congreso iniciativas encaminadas a la instauración de un Estado autoritario de corte policiaco, y la más reciente, de la Ley de Seguridad Nacional, es un intento por avanzar en la militarización total de la lucha contra el crimen organizado, se advierte en un estudio elaborado por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado.

En el documento se señala que la Ley de Seguridad Nacional propuesta violenta la Constitución, ya que otorga mayores facultades al Ejecutivo de las que le da la Carta Magna; entre ellas, que pueda declarar la suspensión de garantías individuales sin la aprobación del Congreso.

Se resalta que en diciembre de 2006 el Senado aprobó una reforma al Código Penal Federal para incluir la tipificación del terrorismo internacional, y el PRD finalmente la avaló, porque los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional se comprometieron a modificar después los aspectos que criminalizaban la protesta social, pero no han cumplido, a pesar de que se presentó la iniciativa respectiva.

Entre 2006 y 2007 el Congreso aprobó a Calderón una reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, que creó un régimen de excepción en la Carta Magna para combatir la delincuencia organizada, por el que se incorporaron varias figuras de carácter represivo y autoritario, que se están aplicando indiscriminadamente.

Entre 2007 y 2008, el Senado aprobó la legislación secundaria a esa reforma, y aunque en la propuesta de Calderón prácticamente se desaparecía al Ministerio Público para darle todo el poder a la Secretaría de Seguridad Pública, el trabajo de senadores del PRD y el PRI en comisiones modificó sustancialmente el proyecto y se recupera esa facultad.

En el estudio se detalla que entre 2008 y 2009 en ambas cámaras se dictaminaron la iniciativa en materia de narcomenudeo, así como las leyes de la Policía Federal, de Extinción de Dominio, General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Orgánica de la Procuraduría General de la República, presentadas por el Ejecutivo, que en su conjunto implicaban la instauración de un Estado autoritario, de corte policiaco.

Allí también los senadores del PRD participaron activamente y presentaron contrapropuestas que atendían el objetivo de generar los instrumentos legales de combate a la delincuencia organizada sin que se violentaran derechos ni libertades y se sentaran las bases para el autoritarismo.

Desde el inicio de 2009, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, comenzó a insistir en que se dotara de un marco legal a las fuerzas armadas para su participación en tareas de seguridad pública, y en abril de ese mismo año Calderón envió al Senado un paquete de iniciativas ah hoc.

La madre de esa iniciativa es la Ley de Seguridad Nacional elaborada por las secretarías de Defensa, Marina y Gobernación; implica riesgos severos, ya que otorga facultades al presidente de la República para construir un Estado autoritario de corte militarizante.

Asimismo, señala, mediante una ley secundaria Calderón pretende anular la facultad constitucional para que el Congreso apruebe la suspensión de garantías, y en cambio da atribuciones extremas a las fuerzas armadas.