La Procuraduría General de la República (PGR) manifestó que bajo ninguna circunstancia revelará el número de testigos protegidos que ha utilizado en sus indagatorias, el gasto público invertido en ellos, si ha procedido el cambio de identidad ni el sueldo que reciben los informantes.

Revelar esa información, dijo, provocaría un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de delitos, impartición de la justicia, recaudación de contribuciones, operaciones de control migratorio, estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos, hasta en tanto las resoluciones no causen estado.

Aunque el solicitante precisó que no demanda acceso a las averiguaciones previas en las que participan los testigos protegidos, sino sólo quiere datos estadísticos y los gastos del erario efectuados en ellos, la PGR clasificó los datos como confidenciales al amparo de los artículos 13 y 14, fracción 3, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los artículos 16 y 225, fracción 28, del Código Federal de Procedimientos Penales.

En el artículo 13 de la citada ley se advierte que sólo podrán tener acceso a las averiguaciones previas el inculpado y su defensor; en el 14, fracción III, se dice que cuando se lleve a cabo una indagatoria se mantendrá bajo reserva, y aunque el 16 del Código Federal de Procedimientos Penales señala que se podrá entregar versión pública de una averiguación en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal, la PGR indicó que esas indagatorias estarán sujetas a un lapso de reserva igual al de la prescripción de los delitos.

El asunto referido será debatido este miércoles en la sesión plenaria del IFAI, bajo el expediente 5866/09.

La ponencia respectiva será presentada por la comisionada Sigrid Artz Colunga, artífice del modelo de seguridad en los primeros años de gestión de Felipe Calderón Hinojosa.