La inconformidad ante los despidos de los trabajadores del Instituto Federal Electoral (IFE) se ha incrementado ante la indefinición sobre la suma total de afectados, así como por la contratación de la empresa JVG Consultores, que asesorará a las áreas administrativas para sugerir qué trabajadores se mantendrán en el organismo y quiénes deberán dejarlo. Consejeros electorales censuraron que se pretenda apelar a una consultoría externa para definir plazas.

Aunque originalmente el IFE había reconocido que se afectaría a 120 trabajadores, de los cuales 50 podrían mantenerse en el organismo a partir de un proceso de selección, ahora se dice que las plazas de base afectadas serían unas 200, a las que se les sumarían las de otros 600 empleados del IFE que cobran por honorarios y les cancelarían sus contratos. En estos últimos casos, muchos llevan 10 años laborando en esta condición por lo que propiamente serían despedidos del organismo,

De acuerdo con representantes de los trabajadores agrupados en una asociación no reconocida por el instituto, el despido se ha realizado en forma poco transparente y en ocasiones atropellando sus derechos.

En principio, una parte del personal despedido laboraba en diversas coordinaciones administrativas de cada área ejecutiva, según lo informó el consejero Alfredo Figueroa, quien añadió que como parte de la necesidad de asumir el recorte de 600 millones de pesos decretado por la Cámara de Diputados se compactó en una sola coordinación. Manifestó que los despidos se determinaron ante la imposibilidad de asumir el recorte con el resto de acciones de austeridad y a consecuencia de la compactación de las áreas administrativas.

Sin embargo, a la polémica surgida sobre el número de despidos y las causas, se ha añadido la oposición de algunos consejeros a que una empresa externa determine el personal que saldrá del organismo. Los consejeros Marco Antonio Baños y Marco Antonio Gómez Alcántar censuraron que se haya adoptado la decisión de contratar la empresa para definir al personal que se va o permanece.

Baños dijo que hay un proceso de adelgazamiento del organismo e informó, respecto a las cifras de afectados– que en las coordinaciones administrativas laboraban 154 trabajadores, de los cuales solo 50 serán recontratados en una coordinación única. Sin embargo, el proceso de selección lo realizará la empresa JVG consultores. En principio, dijo, la empresa deberá realizar la selección en forma transparente, pero censuró que el área ejecutiva del IFE haya determinado otorgar esta facultad a la empresa.

Por su parte, Figueroa dijo que se habían definido criterios claros que deberán tomarse en cuenta para la recontratación del personal y evitar favoritismos: antigüedad, desempeño previo y otros criterios adicionales. Hay todo un protocolo de evaluación que servirá para tomar las decisiones, comentó el consejero.

Gómez Alcántar, quien ha sido crítico recurrente de la secretaria ejecutiva, repudió que originalmente se haya planteado que la austeridad en el IFE no iba a involucrar despidos, cuando desde el principio debió plantearse como algo inevitable. Asimismo, dijo que ha habido poca transparencia en este proceso y no se sabe con precisión el número de cesados.

Agregó que no se ha hablado de la situación del personal por honorarios, muchos de los cuales tienen años laborando en el IFE y que ahora, al cancelarles el contrato, no los consideran despidos, cuando realmente se trata de cesantías de personal.