Santiago, 17 de marzo. Familiares de dos mujeres que murieron la madrugada del sábado 27 de febrero arrastradas por una gigantesca ola que golpeó al pueblo costero de Dichato, en la región surcentral de Chile, presentaron este miércoles la primera demanda legal contra el Estado chileno por no haber alertado a tiempo sobre el tsunami derivado del movimiento telúrico y sus secuelas, que oficialmente mató a 497 personas.

La demanda judicial fue interpuesta un día después de que la Fiscalía Nacional abrió una investigación sobre la actuación de la armada y autoridades de protección civil, que no emitieron a tiempo una alerta de tsunami luego del sismo de 8.8 grados Richter.

Hugo Fuentealba y su hijo Rodrigo presentaron ante un juez la demanda contra quienes resulten responsables de cuasidelito de homicidio de Eliana –esposa del primero– y Nancy Lema Morales.

Los cuatro se encontraban de vacaciones en la localidad costera y se habían refugiado en una loma cercana al puerto luego del temblor, pero cuando escucharon por una radioemisora a la presidenta Michelle Bachelet anunciar que no había peligro de tsunami, decidieron volver a su alojamiento.

“Le dije a mi esposa que bajáramos porque no había tsunami. Dejamos el automóvil a 70 metros de la casa. Entré y estaba entera”, pero segundos más tarde escuché la bocina (claxon) del vehículo y vi que el mar arrasaba con todo. El agua me sumergió y me pude agarrar de un árbol. Bajo el agua vi que mi señora estaba dentro del auto, fallecida. Mi cuñada apareció 200 metros más allá, muerta, relató Fuentealba.

A raíz de la querella de Fuentealba, las autoridades responsables de haber emitido la alerta de tsunami y de alertar a la población sobre el fenómeno natural tendrán que ser llamadas a prestar declaración ante el ministerio público, lo que incluiría a los titulares del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (Shoa); dependiente de la armada; la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y la ex presidenta Bachelet, según el abogado de Fuentealba, Alfredo Morgado.

La polémica sobre la responsabilidad de anunciar la proximidad del tsunami ha sido un tema de los medios de información desde los primeros días de marzo, cuando quedó en evidencia que la destrucción en las costas fue mayor a causa de las grandes oleadas que a consecuencia del movimiento telúrico. La Onemi informó el 3 de marzo que el Shoa le proporcionó información imprecisa y que explícitamente descartó el peligro, lo cual fue reconocido por los altos mandos de la armada.

Para esclarecer judicialmente los hechos, el titular de la Fiscalía Nacional, Sabas Chahuán, informó el pasado martes que el objetivo de la investigación abierta por esta entidad es determinar si los funcionarios de alguna de las dos entidades responsables de una situación de emergencia sismológica cometieron un delito, producto de actos negligentes.

Hasta el 8 de marzo, tres días antes del traspaso de poderes de Bachelet al derechista Sebastián Piñera, la cifra de muertos a consecuencia del terremoto y el tsunami, registrado por las autoridades chilenas, era de 497.

El nuevo gobierno no ha precisado el dato, pero el jefe de la policía civil, Marcos Vásquez, afirmó hoy que los muertos son más de 500 y 130 denuncias de presunta desgracia (desaparecidos).