En una decisión histórica, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer conocer de oficio y de manera extraordinaria el recurso de apelación presentado por dos mujeres indígenas de Querétaro, presas desde hace más de tres años acusadas de haber secuestrado a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Debido al gran interés que ha generado en la sociedad la situación legal de Alberta Alcántara y Teresa González Cornelio, cuyo asunto involucra derechos de la mujer, de los pueblos indígenas y la prohibición de la discriminación, los ministros dejaron a un lado las formalidades y sin discusión previa resolvieron conocer del asunto.

En sesión privada, el ministro Juan N. Silva Meza planteó a sus compañeros Olga Sánchez Cordero, José de Jesús Gudiño Pelayo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que este asunto tiene gran significado social, además de que permitirá a la Corte fijar criterios sobre la legitimidad o punibilidad de la práctica de retener a servidores públicos, como medio de presión para obtener respuesta de la autoridad a sus demandas.

Los ministros también comentaron que el pasado martes el Senado acordó demandar a la Procuraduría General de la República (PGR) que revise la situación jurídica de las ñañús, presas desde hace más de tres años a pesar de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales para que sean liberadas, como sucedió hace unos meses con su compañera Jacinta Francisco Marcial.

Incluso, el Senado creó una comisión plural para dar seguimiento al caso, en el que según las organizaciones no gubernamentales hubo confabulación de autoridades y un proceso viciado e irregular.

Las tres mujeres fueron acusadas de secuestrar a seis agentes de la desaparecida AFI y de poseer narcóticos en el tianguis de Mexquititlán, Querétaro. El pasado 24 de febrero, Alberta Alcántara y Teresa González Cornelio fueron sentenciadas a 21 años de prisión por el juzgado cuarto de distrito, con sede en esa entidad.

Respecto a la decisión inédita de los ministros de conocer el caso, se dijo que sólo en dos ocasiones anteriores la propia primera sala conoció de manera extraordinaria un recurso de apelación a una decisión de un juez de distrito, antes de que fuera conocido el caso por un tribunal de circuito: cuando revisó el caso de la demanda de genocidio por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 y en el halconazo del 10 de junio de 1971.

El caso de las indígenas fue turnado para su dictamen a la ministra Olga Sánchez Cordero, quien deberá determinar si la acusación de la PGR es válida.

Además –se dijo en la Corte–, la ministra tomará en cuenta que hace unos meses Jacinta Francisco Marcial, quien fue detenida junto con Alberta Alcántara y Teresa González Cornelio, fue dejada en libertad, en razón de que la PGR presentó conclusiones no acusatorias en su juicio.