La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) denunció que no se han otorgado las medidas cautelares solicitadas por diversas organizaciones internacionales a los gobiernos federal y de Baja California en favor de dos activistas que atienden el caso de los 25 policías municipales de Tijuana torturados el año pasado por elementos del Ejército.

La organización aseveró que Blanca Mesina, hija de uno de los afectados y representante de los familiares de los policías agredidos, y Silvia Vázquez, su contacto en esa entidad, han sido víctimas de recientes hostigamientos.

Mayra López, abogada de la CMDPDH, informó que para decretar la protección las autoridades han puesto como condición que ambas presenten una denuncia penal. El pasado día 9, integrantes de la ONG y las afectadas se reunieron con representantes de ambos gobiernos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para analizar la solicitud.

En el encuentro, los portavoces de las autoridades estatales señalaron la necesidad de que interpongamos una denuncia penal por los hechos de hostigamiento contra Mesina y Vázquez, y en la medida de su análisis determinarían si es procedente aplicar las medidas de protección. Si bien una denuncia penal es importante, el Estado no debe condicionar la protección a los defensores. Creemos que existe riesgos de represalias, ya que no hay garantía de que la información no se filtre.

En mayo de 2009, la comisión denunció que con el propósito de que los agentes municipales se declararan culpables de delincuencia organizada, fueron arraigados y torturados durante 40 días por elementos del 28 batallón militar, Aguaje de la Tuna, dependiente de la segunda Región Militar de Baja California, hecho que fue informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, los 25 policías están presos en el Cefereso de Tepic, Nayarit.

Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura hicieron llamamientos al Estado mexicano para que se otorguen las medidas de protección a los familiares de los agentes municipales.

Las afectadas aceptaron interponer la querella, pero solicitaron que toda la información que ellas y los familiares de los agentes proporcionen, como parte de la averiguación previa, sea confidencial, por lo que las autoridades aseguraron que se otorgarían las medidas cautelares. Sin embargo, advirtió López, éstas no se han cumplido.