El senador Pablo Gómez presentó ayer una iniciativa para reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), con el propósito de incluir el listado de sanciones que correspondan a los servidores públicos que violen la ley, así como para evitar la simulación en que incurren los concesionarios de radio y televisión al regalar tiempo en los medios electrónicos a funcionarios para que se promocionen en época electoral.

Ante el pleno, dijo que cuando redactamos el Cofipe en esta Cámara establecimos una serie de sanciones para las personas que violen las disposiciones contenidas en el código, pero el Consejo General del Instituto Federal Electoral considera que los servidores públicos no son personas, y se ha negado a aplicarles sanciones cuando violan la ley, y muchos de ellos ya la agarraron por el lado de la impunidad.

Con esta propuesta lo que se busca no sólo es sancionar a los servidores públicos por estos actos, sino también a los particulares y a los medios de comunicación que se presten a ello y que de manera indebida realicen una promoción personalizada con fines político-electorales.

Con esta reforma –se apunta en la iniciativa– se plantea subsanar las deficiencias en el artículo 354 del Cofipe, que no incluye sanciones para todos los sujetos de responsabilidad.

Se propone castigar a los concesionarios de radio y televisión que vendan o den tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a precandidatos o aspirantes, así como la difusión de propaganda o la promoción personal de servidores públicos con fines político-electorales, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al IFE.

Las sanciones que propuso el perredista para los servidores públicos van desde amonestación pública; multa de 500 y hasta 10 mil días de salario mínimo.